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Opinion 25 de abril de 2022
La Asociación Docentes Provinciales eligió ayer su conducción. Menos de la mitad de los afiliados concurrió a las urnas y por una clara mayoría encumbró a Fernando Mazzone como nuevo secretario general.
mazzone

ADP es el gremio docente más importante de la provincia y Mazzone representa la continuidad de un modelo de gestión que inauguró el profesor Virgilio Choque, cuando asumió ese rol en 1993 y continuó Patricia Argañaraz tras su muerte en junio 2012. En un proceso progresivo de casi tres décadas, el gremio se convirtió en socio del gobierno de turno en la determinación de la política laboral para el sector y la institución representativa de los intereses de un sector de indudable trascendencia social devino en una mutual comercial, de servicios y financiera.   

Fernando Mazzone asumirá la secretaría general en 20 días, según anunció pero se sabe que todo es una cuestión de formalidad. Desde 2019 y tras un escandaloso retiro de Argañaraz de la conducción, en condición de asesor lleva adelante la representatividad de ADP, incluso en las paritarias. Bajo su tutela es que en diciembre último se llevó adelante una asamblea general en la que se aprobaron cuatro balances de la administración de quien, junto a la actual tesorera reelecta Ana María Cerezo, aguarda fecha de juicio por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en por lo menos 22 casos.

A los 28 años, este docente que hoy tiene 53 años, obtuvo su título de Profesor para la Enseñanza Media en Geografía pero lo suyo era la actividad gremial y a poco de tener una cátedra ya ganó una elección para integrar la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, a la que llegó a presidir.

Su carrera sindical alcanzó un punto alto cuando en 2014 fue elegido secretario general de la Central local de los Trabajadores de la Argentina, de la línea de Hugo Yasky, cargo que aún ostenta y por el que mantiene una licencia gremial, extendiendo su alejamiento de aulas y alumnos que registra casi desde el momento mismo de su designación como profesor.

Sus antecedentes son polémicos ya que su actuación en la Junta Calificadora fue cuestionada al punto que en 2007 se conoció un dictamen de la asesoría letrada del Ministerio de Educación en el que se solicita el inicio de sumario a Mazzone por haber titularizado de forma irregular a su esposa y de haberse asignado horas titulares a sí mismo. Pero no pasó de eso porque ningún ministro de Educación de esa época movió la lapicera. En 2012 tuvo un duro enfrentamiento con el entonces juez de Corte Abel Cornejo, al que denunció ante la Procuración por “amenazas, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”. Previamente, el ahora Ministro de Seguridad había dicho a la prensa que junto a su hermana diputada, Mazzone había concurrido a apretar a la Corte para que falle a su favor en una causa por 100 millones de pesos. Por entonces ejercía un cargo político en la Legislatura. Además, por supuesto que fue mencionado por Argañaraz en algunas de sus maniobras.

Estas referencias vienen a cuento de la expectativa que generó la elección de ADP. La codicia de la dirigencia llevó a su fragmentación, que pareciera no tener beneficiarios: el gobierno perdió un interlocutor fundamental en las negociaciones paritarias y los docentes desautorizan los acuerdos logrando en la calle los ajustes salariales. Y ello es a costa de niños y jóvenes en proceso de formación, que pierden días de clase en medio de conflictos gremiales. 

Esta nueva conducción debe recuperar la confianza de las bases. Esa será la clave para que una representación gremial de hecho no siga mostrando que el poder no está en una institución vaciada. 

Salta, 25 de abril de 2022

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