El cuerpo legislativo trató la media sanción del Senado a la participación ciudadana en la designación de jueces de Corte, tomó nota que deberá abocarse a la restitución de un municipio y fue advertido que la continuidad del trámite de designación de auditores será resistida si no es bajo las nuevas disposiciones vigentes. En todos estos casos hay señales que el debate que generó la reforma no ha cerrado en diciembre cuando se aprobaron los cambios parciales; llevado al plano de la aplicación queda en evidencia que hay hilo para cortar.
Sabido es que el proceso de postulación de dos candidatos para cubrir sendas vacantes en la Auditoría General se inició-como corresponde- en la Cámara de Diputados cuando estaba avanzado el proceso de reforma constitucional, que incluía entre los artículos los referidos a la integración del organismo de control. La urgencia expresada por la Cámara solo se explica en la necesidad de incorporar postulantes al margen de las exigencias surgidas en el nuevo texto constitucional, que limitan la excesiva injerencia de un sector político en el armado del entramado institucional vinculado precisamente al control político. De allí que se haya hecho notar al oficialismo que se rechazarán decisiones que avancen sobre esos carriles y se demandó mayor diligencia en la adecuación a la normativa constitucional ahora vigente. Se expresó en la sesión pero también en el ámbito social, a través de voceros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
También se dio otro paso hacia la reglamentación de la participación ciudadana en la designación de los miembros del máximo tribunal de justicia provincial. La iniciativa con media sanción del Senado volverá la Cámara de origen por modificaciones introducidas por el oficialismo en la revisión. Aunque no era lo más urgente, el interés por reglamentar esta participación descuidó aspectos formales, que en ese plano son muy importantes. De todas maneras no acogió propuestas de la oposición que –a juicio de sus autores- podrían haber mejorado sustancialmente la reglamentación. Un caso es el objetivo de dicha participación, que no está expuesto como para contribuir a la solución de diferendos respetando el espíritu del legislador.
Otro aspecto de la reforma que tomó relevancia en la sesión de Diputados es el vinculado a la formación de nuevos municipios. Los convencionales levantaron la vara para justificar que se creen estos estados pero hay comunidades que no están dispuestas a ceder sus propósitos. De la mano de la diputada anteña Alejandra Navarro llegó la pretensión del pueblo de Gaona de que se les restituya la autonomía como Municipio. Se destacó que se trata de una deuda que tiene la democracia ya que la perdió por decisión de la dictadura militar que borró por decreto cuatro municipios en toda la Provincia durante la década del setenta. La reforma del artículo 170 de la Constitución determina requisitos que Gaona cubre con creces porque a la exigencia de una población de 3 mil habitantes y la acreditación de sustentabilidad social, ambiental y económica, suma razones geopolíticas e históricas. Además, para la mayoría legislativa hegemónica, vale sobre cualquier otra consideración un acta compromiso que con ese fin firmó oportunamente el gobernador Gustavo Sáenz.
El debate político es importante pero el ordenamiento normativo es esencial en este tiempo.
Salta, 23 de marzo de 2022
