Finalmente, la semana pasada se aprobó en Diputados el Acuerdo con el Fondo Monetario. Esta semana ya se está preparando el debate en el Senado.
Opinión14/03/2022 Juan Manuel Urtubey
Una oportunidad, decía la semana pasada, de ver cómo nuestra dirigencia está en condiciones de discutir problemas estructurales de Argentina y uno de los problemas estructurales más serio es esa propensión natural que tenemos a que todo sea culpa de otro.
Daría la sensación de que la culpa de todos nuestros males en gran medida es del Fondo Monetario Internacional. Es bueno empezar a mirarnos al espejo y darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Ya han sido más de 30 acuerdo con el Fondo Monetario y la mayoría de ellos incumplidos y, a las cansadas, luego hemos terminado pagando nuestras deudas.
Otra escena más de esa situación es la que estamos viviendo ahora y ¿qué es lo que nos está planteando el Fondo Monetario, más allá de toda la cuestión esta simbólica que significa el FMI si, el FMI no, hay tres criterios que se plantean: uno de ejecución fiscal, otros de ejecución monetaria y otros de acumulación de reservas netas
¿De qué se trata? Para que parezca que podemos cumplir con nuestra obligación, el Fondo plantea criterios de déficit fiscal, o sea, reducir nuestro déficit fiscal a un 2% un poco más arriba del PBI. No estamos hablando de superávit sino seguir con déficit, pero con menos. Restringir la incidencia en política monetaria pudiendo operar con mucho menos recursos en lo que significa la política monetaria y una política de acumulación de reservas netas de un promedio de unos $5 mil millones de dólares anuales.
La pregunta es la siguiente: ¿Este tipo de políticas no debiéramos hacer los argentinos inclusive sin la existencia del Fondo Monetario Internacional? ¿No debiésemos trabajar para tener menos déficit fiscal? ¿No debiésemos trabajar para tener más reservas, más solidez? ¿No debiésemos tener una política monetaria un poco más responsable sin necesidad de que nadie nos lo pida? Y ahí es donde vamos a un problema serio, da la sensación que todo esto en definitiva cobra la espectacularidad que cobra ante la ausencia de un proyecto nacional en la Argentina, carecemos de un proyecto nacional.
Daría la sensación de que se ha tomado, por ejemplo, en materia económica, el atajo de sustituir la idea de un proyecto económico democratizante por la apropiación de parte del excedente del Agro para poder financiar a los sectores urbanos.
Desde la política, se eligió el personalismo en sustitución de una institucionalidad nueva capaz de crear una democracia de mucha más alta energía ¿Qué significa eso? En realidad, el problema respecto a si acordamos o no acordamos con el Fondo, en definitiva tienen la importancia que tiene porque nosotros no sabemos a dónde vamos. Cuando vos no sabes a dónde vas es muy difícil que vayas a algún lugar.
Y uno de los problemas, para cerrar, que siempre se plantean es que “bueno lo que pasa es que el peronismo no puede hacer eso”. Erróneo. En el año 52, con el Plan de Emergencia Económica producto de lo que pasaba en la posguerra, el peronismo llevó un proceso que bajó en 23 puntos reales el Gasto Primario ¿Por qué? Porque entendía que había cambiado, elevó las tasas de interés, eliminó las restricciones a inversiones extranjeras. Eso se hizo en un gobierno peronista y se hizo en la década del 50 con Perón, para aquellos que creen que eso no es posible. Por eso pienso que ésta es una buena oportunidad para pensar, para reflexionar ¿Vamos a construir un proyecto nacional o no lo vamos a hacer?
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.
Los legisladores trataron sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo que establece el marco legal que define la estructura del gobierno salteño. La iniciativa prevé la reducción del número de Ministerios a 8, así como la reducción de Secretarías.
