Gastos

Opinion 11 de noviembre de 2021
A horas del cierre de la campaña electoral, la mirada de los políticos se posó sobre su desarrollo, aunque la forma que se llevó adelante generó muchas críticas.
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El maltrato a bienes públicos y algunos excesos sobre restricciones que están establecidas legalmente fueron marcadas por el ciudadano común, pero no se supo de intervenciones por parte de las autoridades competentes. Tampoco las estructuras políticas participantes se expresaron públicamente ante los cuestionamientos aunque constituyeran flagrantes violaciones.

De allí que llamó la atención que, cuando ya se fenece esta campaña, el sector oficialista diera señales de molestia por un incumplimiento que lo afecta por su expansión. El Frente de Todos solicitó al Juez Federal con Competencia Electoral su actuación inmediata a efectos de hacer cesar la difusión de la última encuesta de Datamática, en el entendimiento que significa una conducta que implica un claro acto que distorsiona fuertemente la competencia electoral. Es que varios medios burlaron el plazo establecido en el cronograma electoral dispuesto para las elecciones nacionales del próximo domingo para la difusión de encuestas y sondeos de opinión. La prohibición comenzó a regir el pasado sábado 6 pero se hizo caso omiso de ello y en lo que va de la semana hubo reiteradas referencias públicas a detalles de los resultados de un trabajo realizado por la consultora política de los ingenieros Rodríguez y Pizetti.

La Ley 26.571, llamada de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral que regula la realización de comicios en el país, es taxativa en la materia al establecer que desde ocho días antes de cada elección y hasta tres horas después de su cierre, ningún medio de comunicación, ya sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. No es precisamente una normativa que se cumpla y puede verificarse en la difusión de bocas de urna a poco de cerrar la recepción de votos por parte de muchos medios.

No se trata de los únicos incumplimientos frecuentes. La realización de actos oficiales susceptibles de influir en la voluntad del electorado y cuya realización también está acotada, es otra violación que suele registrarse al amparo de la dificultad para precisar en qué circunstancia puede considerarse que tiene la intención de ganar votos o es un acto cotidiano de gobierno. La participación de candidatos con fuerte vinculación con el gobierno por su pertenencia al grupo político en el poder, tampoco marca una línea tajante de separación. La presencia de integrantes de la lista del Frente de Todos en reuniones presididas por el gobernador Sáenz, involucrado directamente en el armado de esa propuesta, fue registrada en más de una oportunidad con posterioridad al 20 de octubre, fecha límite para realizar estas actividades de connotación electoralista.

La ley referida también establece márgenes estrictos para el gasto electoral. Incluso, y a fin de asegurar equidad en la participación de distintos sectores, suma al aporte que se distribuye y es consecuente con votos obtenidos en anteriores elecciones, la cesión gratuita de espacios publicitarios en medios audiovisuales; hasta se prohíben gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros. Sin embargo, el despliegue de cartelería y de otros recursos para llegar al electorado sugiere inversiones de mayor monto a lo que se supone deriva de los límites legales.

En ese marco cae la referencia de la concejal de Salta Independiente Ana Paula Benavídez respecto del financiamiento de la campaña de uno de los candidatos a diputado nacional con recursos que el Ejecutivo Municipal de la Capital deriva a través de 40 cooperativas inexistentes. Dejó la promesa de la formalización de la denuncia correspondiente y al menos esa, debe cumplirse estrictamente.

Salta, 11 de noviembre de 2021

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