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Opinion 14 de octubre de 2021
La empresa de servicios sanitarios tendrá en el próximo ejercicio fiscal un importante déficit mientras que este año, el presupuesto de obras públicas cerrará con una ejecución del 50%. Esa información es la que han recogido los senadores en sendas reuniones que mantuvieron con el Ministro de Infraestructura y con las autoridades de Aguas del Norte, en las que demandaron un estado actualizado de situación y una proyección de obras a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022.
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Precisamente el tratamiento de esa iniciativa es una de las principales tareas que se debe encarar en el tramo final del período ordinario de sesiones; todo parece indicar que –como suele suceder- se prorrogará lo necesario para cerrar el año con esta ley fundamental aprobada. En tanto, para la Legislatura que viene puede quedar el análisis de un proyecto que impactará de lleno en el modelo de gestión de servicios públicos.

Las visitas a la Cámara alta del ministro Sergio Camacho y del presidente de la empresa de servicios sanitarios, Luis García Salado, dejaron dos datos inquietantes. Al cierre del ejercicio 2021 sólo se habrá ejecutado la mitad de las obras públicas previstas en el presupuesto vigente, mientras que para el año que viene se estima un déficit de 600 millones de pesos para Aguas del Norte, que paga 200 millones en Impuesto a las Ganancias.

Desde el propio oficialismo se han expresado críticas respecto de la evolución del plan de obras públicas, aun reconociendo que la pandemia ha impedido la aplicación de una política pública fundamental para gobiernos de raigambre peronista. Muchos convenios y pocas obras, había señalado el titular del Bloque Justicialista del saencismo en Diputados. El impacto del coronavirus ha generado demandas sociales y económicas que obligaron a inversiones no presupuestadas.

En su informe en el Senado, el titular de la cartera de Infraestructura sintetizó en algunas cifras la ejecución presupuestaria en los primeros diez meses de un año que sucede a otro ejercicio complicado por la pandemia. Cabe recordar que se había celebrado la aprobación de un plan en un 200% respecto del año anterior, que contemplaba casi 350 obras de las que solo 147 se han podido realizar aunque se sumaron otras 177 que -no estando incluidas en el presupuesto- se debieron encarar por distintas contingencias que fueron surgiendo. Queda pendiente de ejecución una partida de unos 800 millones de pesos que el Gobierno espera empezar a cumplir a partir de noviembre.

Los legisladores de la oposición que lo escucharon no quedaron conformes. Saben de la disposición del Ejecutivo a resolver un atraso significativo en materia de obras en todo el territorio, pero también reconocen que con esa manifestación no alcanza. Hay un compromiso del Gobernador a todas luces insuficiente: una obra por cada municipio por un principio de equidad está dejando a todos insatisfechos. 

El proyecto de presupuesto ya se adelanta con déficit por lo que se cifran expectativas en las gestiones del Ejecutivo para lograr el cumplimiento de compromisos de financiamiento asumidos por el Gobierno nacional. También es exigible un mejor manejo de la empresa de agua por lo que se ha comenzado a trabajar en un cambio de su naturaleza. En principio, se trataría de reconvertir la sociedad anónima a un organismo del Estado.  

Este propósito adelanta el año que viene, que exige grandes cambios. 

Salta, 14 de octubre de 2021

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