Justicia Patriarcal en la investigación, acusación y juzgamiento de magistrados y magistradas

Opinion 13 de octubre de 2021 Por por Natalia Buira
Nuestra Constitución Provincial – que está siendo examinada para su reforma por la Convención Constituyente - establece que los magistrados inferiores serán removidos por un jurado de enjuiciamiento en caso de delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

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Forman este jurado de enjuiciamiento nueve miembros y tiene un secretario letrado que es designado por la Corte de Justicia. 

Quiero demostrar en esta columna como el sesgo de género impregna totalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados y magistradas, empezando por su constitución y siguiendo por su funcionamiento. 

Comencemos entonces por su constitución. De los nueve integrantes del jurado de enjuiciamiento en su actual composición- en pleno siglo XXI donde se ha establecido como principio la paridad de género en la composición de los organismos estatales- siete de sus integrantes son varones y solamente dos son mujeres, es decir el 77,77% de su composición es masculina, si a ello le sumamos que el Secretario del Jurado es un varón también, debemos decir que el 80% de sus autoridades son varones. El sesgo de género resulta claro en su composición. 

Hablemos ahora de su funcionamiento: Para poder comprender este sesgo de género en su funcionamiento pondremos en comparación dos jurys que han tenido lugar en este mismo año 2021, el de la Defensora Oficial Civil de Tartagal Dra. Rosa Díaz que concluyó con su destitución y el actualmente en funcionamiento promovido contra el Juez de Personas y Familia 2da. Nominación Dr. Víctor Raúl Soria por violencia de género en el ámbito laboral contra una Defensora Oficial Civil. 

Veremos ahora la asimetría entre estos dos jurys: 

1) En primer lugar ambas denuncias públicas ocurrieron solo con un mes de diferencia, el de la Defensora Díaz a fines de febrero, la denuncia por violencia de género en el ámbito laboral al juez Soria a fines de marzo. A la defensora Díaz la destituyeron a los cuatro meses de la denuncia, el juez Soria sigue en funciones y cobrando el 100% de sus ingresos mensuales a los casi siete meses de la denuncia en su contra efectuada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia de Salta que recomendó se decretara la inmediata prohibición de acercamiento del juez a la defensora. 

2) En segundo lugar el Defensor General, quien ejerce la jefatura del Ministerio Público de la Defensa, inmediatamente se conoció la denuncia en la prensa se constituyó con su equipo en Tartagal, realizó una exhaustiva auditoría, inició un sumario administrativo, suspendió en el ejercicio de su cargo a la entonces Defensora, designó al defensor multifuero de Embarcación encargándole un relevamiento exhaustivo de las causas con retraso. 

Comparativamente observamos respecto de la denuncia efectuada contra el juez Soria el 22 de marzo que la Corte de Justicia que ejerce la jefatura de los jueces inferiores a través de Superintendencia, no bajó dos pisos en ciudad judicial para iniciar en el juzgado de Personas y Familia 2da nominación una exhaustiva auditoría, no inició inmediatamente sumario administrativo, no lo suspendió en su cargo, no designó juez interino encargándole un relevamiento exhaustivo de las causas con retraso de justicia. Fue recién transcurridos seis meses de la denuncia que decidió iniciarle un sumario administrativo el día 22 de setiembre sin resultado alguno visible hasta la fecha y solamente luego que el jury estaba ya promovido. 

3) En tercer lugar el Ministerio Público en sus dos ramas: Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal a pesar de tener amplias noticias públicas no acusaron al juez Soria ante el Jurado de enjuiciamiento. La acusación vino del Dr. Héctor Chibán, diputado provincial, quien la presentó el día 7 de setiembre en expediente Nº 41634/21, frente a la total inactividad del Ministerio Público y de la Corte local. 

Hasta el día de hoy el Defensor General y el Procurador General que se mostraron muy proactivos en procura de la investigación y destitución de una magistrada mujer permanecen en silencio frente al inicio del jury contra el juez Soria, un magistrado varón, siendo que quien hace la denuncia de violencia de género es una magistrada con 27 años de ejercicio de la función de Defensora en el Ministerio Público. El silencio de ambos resulta atronador y habla por sí mismo.

Natalia Buira, Master en Derechos Fundamentales

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