Los 21 concejales capitalinos serán proclamados el martes 23 del próximo mes, en un acto previsto para las 17 en el salón de actos de la Escuela de la Magistratura, como ocurriera con las otras autoridades electas. En tanto, la tensión no cede entre ambos poderes del gobierno municipal aunque hubo algunas señales de acercamiento que no superaron el marco de la formalidad.

Un momento importante fue la presentación de detalles de la Cuenta General de Ejercicio 2020, que llegó con atraso significativo. Según la Carta Orgánica Municipal debe ser tratada por el Concejo Deliberante hasta el 31 de agosto, luego que previamente fuera girada al Tribunal de Cuentas. Los secretarios de Economía, Daniel Amador y de Gobierno, Frida Fonseca, fueron los que llevaron el informe el 20 de setiembre a la Comisión de Hacienda y si bien en el 2020 la Municipalidad no contó con presupuesto específico para ese período, se administró una prórroga del presupuesto anterior, en un contexto en el que la economía general atravesaba momentos complejos y de caída, según precisiones de los funcionarios del Ejecutivo.

Y ya que estaban en el ámbito específico, se tocaron algunos puntos de lo que será el presupuesto 2022. Es que si bien se espera que Nación y Provincia aprueben sus respectivos presupuestos, ya se trabaja con los índices macroeconómicos preliminares para el próximo año. Al respecto, fue el propio titular de la hacienda municipal el que pidió trabajar en forma conjunta en la formulación de una herramienta de gestión imprescindible.

Si bien en su integración actual a este Concejo no le quedan más de 60 días, no menos cierto es que hay una continuidad institucional que genera obligaciones a ambos poderes. Atribuciones y facultades están contenidas en la Constitución Provincial y la Carta Orgánica aunque la política torna laxo el cumplimiento de los deberes. 

Los ediles tienen derecho a solicitar informes al Departamento Ejecutivo e interpelar a sus secretarios; incluso pueden integrar comisiones investigadoras o de estudio. Como contrapartida, la intendencia debe suministrar por escrito al Concejo Deliberante, personalmente o por medio de sus secretarios, los datos e informes que le fueren solicitados. En los primeros dos años del mandato del actual gobierno comunal se multiplicaron los pedidos de informe que Bettina Romero respondió en el tiempo y la forma que le pareció conveniente. 

La explicación la dio en declaraciones periodísticas el secretario Legal y Técnico Daniel Nallar, quien fuera auditor general de la Provincia; esto es, fue miembro de un órgano del sistema de control público provincial. Interpretó que los pedidos de informe no concurren al cumplimiento de la función de control que tiene el Concejo Deliberante y resultan un estorbo a la tarea del Ejecutivo de servir a los vecinos.

Si ese criterio se mantiene firme y –como viene haciéndolo desde el inicio de la gestión de la intendenta Romero- domina la relación con el cuerpo legislativo, el cambio que se va a producir en diciembre, con la incorporación de los ediles electos, no va a significar una mejora para la ciudad y sus habitantes.

Salta, 05 de octubre de 2021