Ecuador envía a 3.600 militares y policías a "garantizar seguridad" en cárceles

"El gobierno mantiene movilizados de manera permanente, diariamente en todos los centros penitenciarios del Ecuador a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas", dijo la funcionaria en rueda de prensa en Quito, agregando que la operación es para "garantizar la seguridad" en las prisiones.

La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste) el martes, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.

En esa prisión, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.

En un comunicado de su oficina en Quito, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó que "hace un llamado para que se asegure una investigación pronta e imparcial de los actos de violencia, y una gestión de la crisis conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, de prevención del delito y de justicia penal".

Las Fuerzas Armadas señalaron por su parte que se "realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos".

En la rueda de prensa conjunta con Vela en la casa de gobierno, el director de prisiones, Bolívar Garzón, indicó a su vez que Ecuador planea otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades, además de repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirlas en su nación.

Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.

Las medidas apuntan a descongestionar en algo el sistema carcelario de Ecuador, cuya capacidad es para 30.000 personas y que desde hace varios años afronta una crisis por una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y la guerra entre bandas con vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.

La Constitución faculta al presidente de la república a conceder indultos, así como a la Asamblea Nacional por motivos humanitarios con el voto de las dos terceras partes (91 de los 137 diputados).

"Vamos a enfocarnos en el control total de la cárcel donde se registró el motín, una de las principales del país", añadió.

Entretanto, la Policía mantiene el viernes acciones de requisa en la convulsionada prisión guayaquileña en la que se enfrentaron miembros de bandas criminales con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

La ONU señaló que "ha reiterado a las autoridades nacionales su compromiso de acompañar y brindar asistencia técnica para impulsar una reforma penitenciaria integral, que atienda las causas estructurales y que involucre al Estado, la academia, la sociedad civil, las asociaciones de familiares de personas privadas de libertad, y a todos los actores interesados".

Las inspecciones, que el jueves permitieron el decomiso de tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas y tres artefactos explosivos, son parte de las acciones implementadas dentro del estado de excepción decretado por el presidente Lasso el miércoles para todo el aparato carcelario, suspendiendo derechos de los reclusos y movilizando a la fuerza pública para mantener el orden.

La Policía además intervenía en prisiones de otras localidades, incautando municiones, armas blancas y drogas.

En lo que va de 2021, las revueltas carcelarias en Ecuador dejan 237 muertos y 166 heridos. En febrero murieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades.

Ámbito.com