Por ley provincial 6.547, toda persona que desempeñe las funciones de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Ministro del Poder Ejecutivo, Magistrado Judicial, Legislador, Fiscal de Estado, Miembro del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, Secretario General de la Gobernación, Secretario y Subsecretario de Estado, está obligado a formular declaración jurada de sus bienes patrimoniales y de los de su cónyuge, dentro de los treinta días de asumir sus funciones, y del cese de las mismas.

En caso de obviar esta responsabilidad, la Escribanía de Gobierno Provincial tiene la obligación de intimar y dar a conocer a quienes incurren en tal omisión.

En el boletín oficial de este martes, la escribana del gobierno, Graciela Galíndez hizo públicos los nombres de aquellos que incumplieron con la ley.

En la Cámara de Senadores, el representante de Iruya, Walter Cruz, no presentó su declaración jurada de bienes, al igual que Héctor D’auria, de Metán, quien tampoco lo hizo una vez cesado su cargo en la Cámara de Diputados en 2019 cuando resultó electo para la Cámara alta. Otro que concluyó su tarea legislativa y se fue a la intendencia de Pichanal sin dejar la declaración fue, Sebastián Domínguez.

En noviembre próximo, Nicolás Puentes, el diputado que reemplaza a Bettina Romero por haber interrumpido su mandato para ser intendenta de Capital, cesará en funciones y aun así todavía no presentó su declaración jurada de bienes.

El presidente del bloque Justicialista Sáenz Conducción, Germán Rallé, de Güemes incumplió con la presentación de los documentos, al igual que la representante de Orán, Jorgelina Juárez.

Según el aviso administrativo de la escribana de Gobierno, en el Poder Judicial no hay funcionarios que hayan omitido cumplir con la presentación de las declaraciones juradas de bienes. En tanto, en el Ministerio Público, solo el defensor oficial de Orán, Sergio Zannier.