
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Seguramente el Ejecutivo Provincial cierra con alivio la semana ya que se ha resuelto el principal conflicto social. Los docentes han decidido levantar el paro que los alejó durante más de un mes de las aulas y levantaron los campamentos que instalaron en la plaza central de la Capital y en el acceso a la sede del Gobierno. Se debe advertir que se trata de un paréntesis que debe ser utilizado por las autoridades para lograr soluciones de fondo.
Opinión03/09/2021Efectivamente, los llamados Docentes Autoconvocados –que tienen varias líneas internas- llaman a la decisión tomada el jueves en una asamblea provincial una suspensión de la medida de fuerza; mantienen el estado de alerta y movilización y la expectativa de una nueva convocatoria al diálogo para el 17 de septiembre para encarar negociaciones paritarias con su participación.
Las dos próximas semanas tienen su particularidad: atraviesa la principal celebración religiosa de la Provincia. Si bien no alcanzará los ribetes que solía tener antes de la pandemia, sigue siendo una circunstancia que construye un ánimo diferente en los salteños. Si bien los conflictos sectoriales atañen a sus protagonistas, los que se vinculan con el Estado requieren –si no un acompañamiento-por lo menos cierta tolerancia social, porque como usuaria de servicios y de la propia administración pública, la población siempre es impactada por los reclamos.
Los acuerdos ya alcanzados por los docentes dejaron cierta satisfacción en los autoconvocados porque se consideran la fuerza que con su lucha conquistó las mejorías. Su principal demanda aún no fue satisfecha y es el reconocimiento de su legitimidad como representación de un colectivo de trabajadores vinculados al Estado.
Precisamente esa es la cuestión que dificulta la resolución por carriles normales de los conflictos laborales en la educación. No es posible aplicar herramientas de negociación que incluya a los protagonistas de las protestas. Su falta de personería gremial no habilita la convocatoria a ser parte de la discusión salarial ni les es aplicable la conciliación obligatoria, cuando las medidas de fuerza ya han sido dispuestas. No tienen la personalidad jurídica ni gremial obligada para hacerlo. Tampoco hay una conducción de hecho, con delegados que sean reconocidos por todos los docentes; es una expresión importante que se refleja en la ausencia de los profesores en las aulas y su presencia en la calle. Pero se observa mucha horizontalidad, lo que dificulta una relación ordenada entre los funcionarios responsables de negociaciones y los trabajadores en conflicto.
Por ahora, ese escollo ha sido superado, incluyendo una mediación en marcha con la participación de la Procuración General de la provincia a los fines de preservar la paz social. Sin embargo, se ha ingresado a un capítulo que advierte que pueden sobrevenir nuevas dificultades.
El gobernador Gustavo Sáenz dijo entender que la lucha de los autoconvocados es legítima, que hay muchas deudas históricas y no solamente con los salarios docentes sino de toda la administración pública. Precisamente ya hubo indicios que vienen los planteos de personal de salud, de seguridad y de los otros sectores que también dependen financieramente del tesoro provincial. El mandatario está preocupado porque el 80% de los recursos públicos se destinan al pago de sueldos. No es una buena relación para llevar adelante una gestión de gobierno.
Hasta ahora no hay indicios pero el Gabinete Provincial no ha transitado indemne el largo conflicto que involucra, en principio, a tres Ministros. Incluso hubo un reproche legislativo porque se evaluó que no se dio un apoyo al Gobernador que estuviese a la altura de las circunstancias.
Es dable suponer que comienza un nuevo tiempo de inquietud política.
Salta, 03 de setiembre de 2021
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.