La primera mitad del año estuvo ocupada en una modificación que supuestamente debía favorecer a millones de pequeños contribuyentes y, especialmente, acompañar a una masa de aportantes que por efectos inflacionarios deben abandonar ese sistema. Fue el 6 de enero cuando el Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley que pretendía morigerar el impacto negativo que iba a tener en los monotributistas un reordenamiento consecuente con la actualización de categorías.
En el proceso legislativo, la propia titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos se hizo cargo de explicar a diputados y senadores los objetivos y la necesidad de contar con la reforma. Mercedes Marcó del Pont, reconoció que se trataba de resolver la salida del monotributo al régimen general sin conflictos, a fin de arreglar problemas que vienen de arrastre.
Este sistema data de 1998 y consiste básicamente en un impuesto único de cuota fija mensual que reemplaza en un solo pago al Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado además de los aportes correspondientes a la Seguridad Social y Obra Social. Estuvo pensado originalmente como inclusión fiscal para los eslabones más débiles de los trabajadores; esto es, se planteó como una transición desde la informalidad al régimen general. En casi un cuarto de siglo de vigencia, el monotributo se desnaturalizó al convertirse en una opción permanente para millones de trabajadores pero también, según denunció la administradora de la AFIP, se fue transformando en un sistema de ocultamiento de ingresos de parte de algunos sectores de contribuyentes. “Generó condiciones para la subdeclaración“, dijo Marcó del Pont y eso se repitió en el debate legislativo que llevó a la sanción de la reforma.
Si bien se establece un Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, la parte medular de la norma apunta al acceso al Régimen General, en un movimiento que apunta a debilitar el monotributo respecto de su expansión actual. De todas maneras y pese al alcance de la cuestión, no se prestó atención a la nueva situación hasta que la AFIP actualizó los valores y escalas de más de cuatro millones de monotributistas y los ubicó en una nueva categoría, en función de la actualización y en igual proporción que la evolución del haber mínimo jubilatorio.
Ni la intención de minimizar el impacto en el bolsillo de una franja golpeada por los efectos económicos de la pandemia mediante la oferta de un plan de financiamiento de la deuda emergente, generada en la pretensión de aplicarse retroactivamente, frenaron la protesta que se sintió en todo el país por considerar a ese retroactivo como "ilegal, ilegítimo e inconstitucional".
La sensibilidad del tiempo preelectoral y la crisis que se profundiza pusieron en reversa al presidente Alberto Fernández. Ya se está en marcha una nueva reforma para frenar la irritación social.
Salta, 10 de junio de 2021
