
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Nunca se debió fijar elecciones para el 4 de julio.
Opinión02/06/2021 Guillermo MartinelliEra sabido y no por especulación, sino por deducción que en esa fecha invernal el covid 19 estará en su apogeo. La realidad así lo demuestra y el gobernador, compelido por la amplitud de los contagios y fallecimientos, más la critica certera de partidos de la oposición pospuso la fecha antes fijada.
Ahora debe fijar nueva fecha para los comicios. Ésta debe ser, sin lugar a dudas, la misma fecha que el Congreso de la Nación fije para las elecciones generales. Cualquier otra fecha sería un cálculo especulativo para lograr una mejor perfomance del oficialismo local. Los argumentos dados por el ministro de gobierno no están asentados en lo fáctico. La elección del propio gobernador Sáenz fue en el mismo acto en el que se votó por el cargo de presidente, senadores y diputados nacionales.
Sería muy bueno que no solo se unificaran las fechas en la primavera de noviembre próximo, sino también que la elección provincial se hiciera con el tradicional voto papel, al igual que lo será la nacional. El primer argumento válido es que usar las máquinas electorales, como sabemos, es tocar teclados y pantallas sin solución de continuidad durante el acto de todo el día, con cientos de dedos que se asientan uno tras otro en iguales lugares y con un alto grados de probabilidad de contagiarse el virus, sobre todo con las personas asintomáticas que concurran a votar; por el contrario, el uso del papel es único para cada persona, tanto en el cuarto oscuro o si lo trae de su casa. Allí no hay contagio posible. El gasto de una elección compartida con la nación abarata el costo sensiblemente, toda vez que la nación abona la casi totalidad del acto electoral, como ser presidentes de mesa, autoridades de custodia, policías, gendarmes, transporte de urnas y útiles electorales, incluidos los padrones y demás gastos que conlleva una elección. El costo de las máquinas -de casi 400 millones de pesos- se reduce muchísimo con la impresión en papel de los votos, y además pone en valor nuestras imprentas locales. La certeza del voto en papel no está en duda, lo que no ocurre con el voto electrónico, que sigue siendo un motivo de dudas sobre la fiabilidad de las máquinas y su resultado. La democratización del voto papel no pudo aún ser igualada con la complejidad del voto electrónico, sobre todo en las personas no familiarizadas con las computadoras. Ante el miedo al error se puede votar mal o no votar.
Hay más argumentos cuyo desarrollo excede el tiempo de esta columna.
La sociedad aspira en estas próximas elecciones a una fecha segura para su salud y al uso de instrumentos electorales sanos, que no sean factores de contagio.
No hay derecho a poner en riesgo la salud y la vida de los salteños. Debemos procurar que así sea.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
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Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
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El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
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