Mujeres

Opinion 20 de mayo de 2021 Por Natalia Nieto
Que hay abundante legislación y herramientas contra la Violencia de Género, es un hecho, pero que hay que seguir insistiendo en visibilizar la grave problemática social en torno al tema, sigue siendo una obviedad.
reunion mujeres

Esta semana comenzó con la visita de la ministra de las Mujeres, Géneros y Disidencias, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien diez periodistas feministas compartimos un intercambio constructivo, en el que mis colegas brillaron con sus síntesis sobre los distintos ejercicios de violencia, totalmente vigentes en la provincia. 

Las exposiciones de las colegas fueron excelsas, porque aportaron a la funcionaria nacional una fotografía actual de la violencia persistente en y desde distintos espacios.

En breve repaso de lo compartido, Alejandra Cebrelli expuso sobre la delicada situación de las mujeres originarias de las comunidades y entre otras cosas, sobre la forma en la que también se las revictimiza con la exposición de sus miserias y no de su valiosa cultura y aportes a sus comunidades. En esa línea habló también Maira López, que puntualizó sobre la situación de comunicadoras campesinas e indígenas y su escasa inserción laboral, más la falta de herramientas estatales para sostener esos espacios. Se sumó Teresita Frías, de Metán, quien denunció el Estado Ausente en el interior de Salta y el calvario por el que atraviesan las víctimas que se animan a denunciar. Inclusive graficó con el caso de una mujer trans –integrante de un colectivo gravemente violentado en forma permanente-, a la que un pariente atacó con machete y la “asistencia” con la que pudo contar, fue un llamado de una funcionaria del Gobierno Provincial, que no volvió a comunicarse. Otra mujer de la zona fue víctima de un bombero que le prendió fuego.

 Itatí Carrique reveló graves incumplimientos de la aplicación de la Ley IVE en la provincia, principalmente obstaculizada por médicos objetores y Natalia Fernández, se refirió a las trabas para la mayoría de las mujeres para el acceso a la cuota alimentaria y a la AUH para hijes de monotributistas morosos, un tema que sigue sin ser contemplado, a pesar de la precarización laboral ascendente y la enorme cantidad de mujeres empobrecidas. Bernardita Ponce Mora habló sobre las múltiples vulneraciones de derechos de las mujeres internadas en el hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, donde hay 37 pacientes que confirman que en la provincia sigue sin cumplirse la Ley de Salud Mental, aunque se haya sancionado hace casi 11 años, en 2010. 

Inés Zurita fue crítica con respecto de la falta de perspectiva de Género en los medios de comunicación de Salta; el tratamiento periodístico de la violencia de género en la provincia y la necesidad de ampliar la Ley Micaela a los medios de comunicación y Ana Lía Parodi, precisó en cuadro conciso y preciso, sobre el techo de cristal, las escasas mujeres que toman decisiones en empresas e instituciones profesionales y por qué ese paradigma debería cambiar.

Silvia Noviasky habló de la penalización de las madres pobres, porque hoy, en Salta, hay 254 niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en 25 hogares de protección en la provincia y aunque el Ministerio de Desarrollo Social sostiene que la precarización económica por la pandemia, derivó en un menor cumplimiento de los derechos integrales que deberían estar garantizados en esta etapa de la vida, lo real es que se criminaliza la pobreza y no se atacan las causas previas que evitarían la judicialización de menores.

A la distancia –porque lo hizo a través de un video-, cerró Tatiana Espinoza, referente de la comunidad Trans en Tartagal, quien describió la escasa inclusión laboral de la comunidad travesti trans en la provincia. En ese contexto, ella sería una privilegiada porque es columnista de Radio Nacional, el mismo espacio donde se desarrolló el encuentro con la Ministra nacional y con la participación de la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, bajo la coordinación de la periodista Dolores Plaza.

Yo elegí hablar sobre un tema que me preocupa: la violencia política, la participación real de las mujeres y la discriminación y violencia de género en ese ámbito. Es decir: cómo lograr que la paridad deje de ser meramente declamativa y las acciones violentas, cesen. Eso fue el lunes, y no hizo falta esperar mucho en esta semana, para comprobar que hay políticos violentos y que creen que tener una banca, otorga impunidad y no inmunidad.  Pero yendo al grano, es claro que si los poderes del Estado siguen estando ocupados en su mayoría por varones, que definen las políticas públicas, lo seguirán haciendo prácticamente solos, -en la mayoría de los casos, sin perspectiva de género- y a pesar de que esas políticas estén destinadas a una población que está integrada en su mayoría, por mujeres. 

Salta promulgó la Ley de Paridad en 2016, pero que una mujer sea candidata, no implica que llegue a ocupar un espacio. Claramente lo vimos el último fin de semana pasado, cuando se cerraron listas y salvo escasos frentes, la mayoría quedó encabezada por varones. En 60 municipios salteños, hay cuatro intendentas. En el Senado de la provincia, hay 23 integrantes, pero solo una senadora. En la Cámara de Diputados, las mujeres no llegan ni al tercio, porque son 19 de 60 legisladores. Y en el Concejo de la Capital, hay diez mujeres de 21 y solo porque recientemente, una reemplazó a un varón condenado por robo. 

Por eso es necesario seguir insistiendo en la necesaria formación en perspectiva de género en todos los espacios, porque este mapa conciso que dimos con las colegas a una funcionaria nacional, implicará entre otras acciones, que se sume más capacitación y discusión, porque la violencia de género sigue empobreciendo, dañando, postergando, condicionando y  matando.

Es que si todavía hay funcionarios que desconocen la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales y que aborda la violencia de género de manera integral y transversal, qué podemos esperar de ciudadanos comunes, que pueden justificar su propia violencia, en el espejo de legisladores que no asumen su responsabilidad y desconocen que la Ley en cuestión, entiende la violencia hacia las mujeres como problemática pública estructural atravesada por lo cultural, lo económico y lo político. 

Remover patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, es uno de los objetivos de la normativa. Conocerla, es obligación. Capacitarse, también. 

La esperanza está en que esos patrones cambien y alguna vez, integremos una sociedad justa y con dirigentes que formulen su actividad desde el enfoque de derechos. 

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