Se concretó una nueva audiencia del juicio por el asesinato de Jimena Sala, en la que declararon una perito contadora del CIF, un auxiliar forense que hizo entrega del cadáver de la víctima, y la psicóloga del Ministerio Público Fiscal que realizó la evaluación psicológica de Vargas.
Judiciales17/05/2021
La primer testigo fue una profesional en Ciencias Económicas que trabaja como perito en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien realizó un informe contable sobre los movimientos de dinero en la firma comercial donde trabaja el imputado Cajal Gauffín, en relación a lo denominado “caja chica” y al sistema de recaudación que se realiza con el empleo de una empresa recaudadora de caudales.
La profesional señaló que su trabajo se realiza a partir de informes solicitados a la empresa y a la recaudadora, los que fueron respondidos por los responsables jurídicos. Destacó la insistencia con que debieron requerir los datos a la empleadora de Cajal Gauffín y la escasa información brindada.
Como conclusión del análisis, la perito señaló que había una libre disponibilidad de recursos en lo que se denomina “caja chica” y que se detectó una vulnerabilidad física en el sistema de recaudación a partir que los fondos pasaban de los cajeros al sistema gerencial.
Una psicóloga del CIF, que tuvo a su cargo entrevistar al imputado Vargas para confeccionar su informe psicológico, lo definió como poseedor de una personalidad con rasgos psicopáticos, caracterizada por su tendencia a la mendacidad, narcisista, falto de empatía y compromiso hacia el otro y con escaso control de su agresividad.
Definió su discurso como exculpatorio y a pregunta de la defensa del imputado, hizo lectura al pasaje de su entrevista, donde refiere desconocer el motivo de su detención y lo atribuyó al “haber estado parado ese día en la puerta” de la casa de la víctima en forma circunstancial.
También declaró un auxiliar forense del CIF, encargado de confeccionar el informe de entrega del cuerpo de la víctima.
Luego de las testimoniales el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando continuará la ronda de testigos.
Está previsto que el juicio finalice ente el viernes 21 y el miércoles 26 de mayo. Está a cargo de los jueces de la Sala VII, Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman (interino).
Cajal Gauffin y Vargas fueron imputados por el hecho sucedido el 27 de enero de 2017, cuando se encontró el cuerpo sin vida de Jimena Salas en el piso de la cocina comedor de su vivienda, ubicada en la localidad de Vaqueros.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.