Aviso

Opinion 08 de abril de 2021
Organizaciones sociales movilizadas, calles en pésimo estado, un difuso control municipal y una secular inconducta de conductores y peatones, están convirtiendo al tránsito capitalino en una trampa riesgosa. En el Concejo Deliberante se ha propuesto que cualquier intervención del Ejecutivo para desarrollar algún plan de obra o cambiar el uso de la vía pública, sea comunicada a ese cuerpo. Lo ediles demandan una participación amplia y oportuna.
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La muerte de un motociclista a la madrugada en la rotonda de Limache y una ciudad paralizada por la protesta de grupos políticos son la postal que muestra situaciones extremas, que no solo se verifican en el microcentro sino que han comenzado a extenderse a zonas periféricas.  El panorama da muestra de la ausencia de la autoridad comunal, encarnada en la Intendencia.

En la última sesión del Concejo Deliberante se trató la problemática del tránsito desde distintas perspectivas y fue Frida Fonseca la que advirtió que las calles son el escenario de un movimiento que desarrolla una estrategia para cercenar el derecho de circulación de los vecinos, como una herramienta para visibilizar sus demandas. Si bien la edil apuntaba a la necesidad que se habilite el diálogo con esos grupos, no dejó de lado la preocupación por el caos de tránsito que impacta en quienes tienen que llegar a su trabajo o retirar a sus hijos de los colegios.

Al margen de esas circunstancias, que suelen ser frecuentes en tiempos electorales, por sí el tránsito es una cuestión compleja que exige de un gobierno municipal una política integral que lo ordene como un elemento esencial de la convivencia social. Precisamente se ha conocido un informe muy revelador de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales del Ministerio Público Fiscal. Señala que de noviembre de 2020 a marzo 2021, la atención de cada persona víctima de siniestros viales que ingresó al Hospital San Bernardo representó una erogación de entre 500 y 2 millones de pesos. Y esos recursos serían una buena inversión en seguridad vial.

En el Concejo, en tanto, se tratan iniciativas que van colocando parches sin que pueda visualizarse desde esa acción cuál es la política pública que sería menester desarrollar para solucionar el problema, que debe ser propuesta y ejecutada por la Intendencia. En el cuerpo deliberativo hay iniciativas que abordan falencias puntuales que se detectan por la participación directa de vecinos.

Precisamente en la última sesión se sancionaron iniciativas para la creación de la Dirección General de Señalamiento Vial, para que la Municipalidad difunda la realización de un curso virtual de conducción segura de autos y motos, que dicta la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que se disponga la señalización de la prioridad de paso en una rotonda y se realicen obras de mantenimiento y reparación de los reductores de velocidad, con la señalización correspondientes en distintos puntos de la ciudad.

Se puede apreciar la preocupación de los concejales pero se debe convenir que es el Departamento Ejecutivo el que debe tomar por las astas ese toro desbocado que es el tránsito capitalino, perturbado por desvíos y por el peligro sobre los vehículos de cualquier porte que representan los baches. La posibilidad de maniobras inadecuadas se acrecienta en esas circunstancias.

La ciudad tiene muchos puntos negros que se llevan vidas humanas. Hay una pandemia que es la siniestralidad vial, ha advertido el vicepresidente de la Comisión de Tránsito del Concejo, Raúl Córdoba y esa alerta no debe ignorarse cuando en lo que va del año ya se han registrado 33 muertes.

La principal destinataria de ese aviso es la intendenta Bettina Romero.

Salta, 08 de abril de 2021

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