La semana cierra con precisiones del gobierno que anticipan el inicio de clases no más allá del 1 de marzo, bajo dos conceptos. El regreso cuidado y la presencialidad responsable son las líneas sobre las que se organizarán las tareas para alcanzar ese objetivo para revertir lo ocurrido en 2020, un año de escuelas cerradas.
Opinión15/01/2021
Las ideas directrices tratan de abarcar un complejo panorama que, en Salta, no deja de lado una infraestructura deficiente que en no pocos casos se manifiesta en establecimientos sin agua. Además, es una barrera de contención a la embestida que preparan los gremios docentes que se resisten a volver, demandando seguridad sanitaria sin dejar de advertir que está pendiente una negociación salarial que no fue efectiva el pasado ciclo lectivo al no contar con la herramienta del paro sin asistencia a los lugares de trabajo con la que han impedido desde hace tiempo que se cumpla el propósito de un piso anual de 180 días de clases.
Ni el gobierno nacional ni el de Salta han asumido que el último año representó para la educación argentina lo que los especialistas consideran una tragedia y que las familias han comenzado a ponderar como una decisión de efectos perniciosos en el corto y mediano plazo respecto de la formación de niños y adolescentes. De allí que la firmeza con la que se mantuvo paralizada la educación se ha debilitado y deberán revisarse las decisiones que llevaron a esa situación.
La estructura de conducción educativa en el país, que integran los ministerios nacional y provinciales y el Consejo Federal que sirve de ámbito de debate y acuerdos, sostuvo la cuarentena más dura frente a la pandemia del coronavirus. Los reclamos que comenzaron a insinuarse a poco de verificar que no había intención de reabrir los establecimientos educativos, se respondieron con una supuesta educación virtual que quedó en manos de directivos y docentes de cada establecimiento, con más voluntarismo que capacitación. Sin evaluación formal, nada respalda las afirmaciones de los funcionarios en orden a que se avanzó de manera eficaz en la transmisión de conocimientos pese a las restricciones que planteó el Covid.
La iniciativa adoptada desde la sociedad que comenzó a movilizarse a través de organizaciones que también representan sus intereses y otras agrupaciones que han comenzado a integrarse facilitadas por los recursos comunicaciones que aporta la tecnología, es en busca de repuestas. De allí que en todas las provincia –y Salta no fue excepción- hay una demanda formalizada que bien puede reconocerse que está empujando la preocupación que expresa ahora el gobierno educativo.
El titular de Educación, Matías Cánepa, ha manifestado en declaraciones periodísticas que se tratará de llegar al 1 de marzo con edificios acondicionados. Si bien el gobernador Gustavo Sáenz tomó la delantera hacia fines del año pasado al asegurar que habrá presencialidad, su ministro la sigue condicionando a la situación epidemiológica de la provincia.
También insiste en que otras cuestiones serán tratadas por el confederal que sesionará la próxima semana, cuando desde la cartera nacional se ha trasladado a cada gobierno provincial la responsabilidad de avanzar según la situación distrital. Un aspecto fundamental es el de los contenidos que deberán reordenarse y de ese punto –que no puede ser una decisión en manada- poco y nada se ha informado.
Todo parece indicar que la educación en pandemia debe ser un tema a tratar en una mesa intersectorial, para que no naufrague en una paritaria.
Salta, 15 de enero de 2021
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
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