La semana cierra con precisiones del gobierno que anticipan el inicio de clases no más allá del 1 de marzo, bajo dos conceptos. El regreso cuidado y la presencialidad responsable son las líneas sobre las que se organizarán las tareas para alcanzar ese objetivo para revertir lo ocurrido en 2020, un año de escuelas cerradas.
Opinión15/01/2021
Las ideas directrices tratan de abarcar un complejo panorama que, en Salta, no deja de lado una infraestructura deficiente que en no pocos casos se manifiesta en establecimientos sin agua. Además, es una barrera de contención a la embestida que preparan los gremios docentes que se resisten a volver, demandando seguridad sanitaria sin dejar de advertir que está pendiente una negociación salarial que no fue efectiva el pasado ciclo lectivo al no contar con la herramienta del paro sin asistencia a los lugares de trabajo con la que han impedido desde hace tiempo que se cumpla el propósito de un piso anual de 180 días de clases.
Ni el gobierno nacional ni el de Salta han asumido que el último año representó para la educación argentina lo que los especialistas consideran una tragedia y que las familias han comenzado a ponderar como una decisión de efectos perniciosos en el corto y mediano plazo respecto de la formación de niños y adolescentes. De allí que la firmeza con la que se mantuvo paralizada la educación se ha debilitado y deberán revisarse las decisiones que llevaron a esa situación.
La estructura de conducción educativa en el país, que integran los ministerios nacional y provinciales y el Consejo Federal que sirve de ámbito de debate y acuerdos, sostuvo la cuarentena más dura frente a la pandemia del coronavirus. Los reclamos que comenzaron a insinuarse a poco de verificar que no había intención de reabrir los establecimientos educativos, se respondieron con una supuesta educación virtual que quedó en manos de directivos y docentes de cada establecimiento, con más voluntarismo que capacitación. Sin evaluación formal, nada respalda las afirmaciones de los funcionarios en orden a que se avanzó de manera eficaz en la transmisión de conocimientos pese a las restricciones que planteó el Covid.
La iniciativa adoptada desde la sociedad que comenzó a movilizarse a través de organizaciones que también representan sus intereses y otras agrupaciones que han comenzado a integrarse facilitadas por los recursos comunicaciones que aporta la tecnología, es en busca de repuestas. De allí que en todas las provincia –y Salta no fue excepción- hay una demanda formalizada que bien puede reconocerse que está empujando la preocupación que expresa ahora el gobierno educativo.
El titular de Educación, Matías Cánepa, ha manifestado en declaraciones periodísticas que se tratará de llegar al 1 de marzo con edificios acondicionados. Si bien el gobernador Gustavo Sáenz tomó la delantera hacia fines del año pasado al asegurar que habrá presencialidad, su ministro la sigue condicionando a la situación epidemiológica de la provincia.
También insiste en que otras cuestiones serán tratadas por el confederal que sesionará la próxima semana, cuando desde la cartera nacional se ha trasladado a cada gobierno provincial la responsabilidad de avanzar según la situación distrital. Un aspecto fundamental es el de los contenidos que deberán reordenarse y de ese punto –que no puede ser una decisión en manada- poco y nada se ha informado.
Todo parece indicar que la educación en pandemia debe ser un tema a tratar en una mesa intersectorial, para que no naufrague en una paritaria.
Salta, 15 de enero de 2021
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
La administración de Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa de seguridad del 30% a todos los productos provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de febrero.
Los trabajos se extenderán del 26 de enero al 1 de febrero en Capital y Valle de Lerma, en el marco del Plan de Inversión 2026 de EDESA.
El conglomerado indio Welspun se adjudicó la provisión de caños para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta, superando la propuesta del grupo Techint.
El pago alcanzará a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial, incluyendo salud, seguridad, educación y el resto de los organismos estatales.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.