Por Aries, Saravia explicó que se trata de trabajos de auditoría normales que realizan a los subsidios que son 33.200 familias e instituciones, de los cuales 71 millones se destinan al servicio de agua potable y de estos 24 millones se van en más de 550 inmuebles de la Iglesia.
Explicó que los fondos son para iglesias y capillas, pero no para el resto.
En este sentido, detalló que la discusión se originó porque descubrieron que los beneficios estaban alcanzando a colegios que cobran cuotas, casas de sacerdotes, y propiedades de la Iglesia a terceros.
Ejemplificó citando el caso del Convento San Bernardo, en donde se alquilaba una oficina en la que se montó un estudio contable del sector privado.
Ante la situación, Saravia explicó que la Iglesia es el locador pero el estudio no cumplía una función caritativa.
Manifestó que de los más de 550 inmuebles de la Iglesia de Salta, relevaron 300, y descubren que los 40 inmuebles están en esta situación y representan 7 millones de pesos anuales.
Este dinero se lo destinará a muchas personas pobres, expresó Saravia, y adelantó que el mismo criterio se aplicará con todas las personas e instituciones.
Al respecto, sostuvo que se controlará a clubes que cobran cuotas mensuales.
También con la Universidad Católica de Salta, que tiene un subsidio y se está analizando ahora para corregirse, como así también los colegios que cobran cuotas dentro de la consideración de esta posición.
Saravia señaló que buscan ser claros para que los subsidios lleguen a quienes lo necesitan, sobre todo en el interior, lugar en el que se levanta una pieda y salen cinco pobres.
“A ellos le vamos a otorgar esos subsidios”, finalizó el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
