Expertos de la ONU rechazan el fin de la asistencia legal a niños migrantes en EE. UU.

Expertos de la ONU advirtieron que la decisión de poner fin al financiamiento de la asistencia jurídica de los menores no acompañados involucrados en procesos migratorios implica una “grave violación” de los derechos de los niños.

El Mundo27/01/2026

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Poco después del regreso al poder del presidente Donald Trump hace un año, el Gobierno ordenó a las asociaciones de servicios jurídicos cesar sus actividades y suprimió el financiamiento de los abogados que representan a los niños no acompañados.

Tres expertos independientes de la ONU, entre ellos los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes y trata de seres humanos, afirmaron que esta medida viola una ley estadounidense que garantiza una defensa legal a los niños colocados bajo tutela federal.

Después de esta decisión tomada en febrero pasado, “muchos de los 26 mil niños afectados quedaron sin abogado y siguen amenazados de expulsión, aunque tienen derecho a una protección”, indica el comunicado.

“Privar a los niños de su derecho a una representación legal y obligarlos a enfrentar procedimientos de inmigración complejos sin asistencia jurídica es una grave violación de sus derechos”, advirtieron expertos independientes con mandato del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, pero que no se expresan a nombre de la ONU.

Sus declaraciones ocurren cuando el gobierno estadounidense está bajo fuego por la represión masiva contra migrantes en Minneapolis, en el marco de la cual murieron dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes federales.

La indignación aumentó con la difusión de imágenes que muestran a Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, detenido por agentes de inmigración que buscaban detener a su padre.

Los expertos en derechos infantiles reportaron que “los niños son detenidos en celdas sin ventanas, privados de atención médica y separados de sus padres o tutores durante largos periodos”.

Entre enero y agosto del año pasado, la duración media de detención pasó de cerca de uno a seis meses, alerta el comunicado.

Página12

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