El lunes pasado por la mañana, el banquero Jorge Brito hizo su última manifestación pública. En un reportaje exclusivo publicado por Infobae, se manifestó en contra del aporte extraordinario que aprobaría unas horas después la Cámara de Diputados, y anticipó “una rebelión fiscal sin precedentes”.

El jueves, poco menos de 48 horas antes de morir, Brito mantuvo un diálogo telefónico con el presidente Alberto Fernández. Durante esa comunicación, revivieron algunas discusiones que ya habían mantenido cara a cara durante los últimos meses.

—¿Por qué dijiste eso? ¿Cómo vas a llamar a una rebelión fiscal?—reprochó el Presidente.

— Nadie va a pagar ese impuesto— respondió el titular del Banco Macro.

— Estuvimos seis meses esperando una propuesta superadora que nunca llegó—digo Fernández.

Brito propuso un encuentro personal para la semana próxima. Quedaron en eso. Ninguno de los dos sabía que ese programa no se concretaría porque pocas horas después se produciría el fatídico accidente en Salta.

Ese es el relato que hizo Alberto Fernández el viernes por la noche, en la residencia presidencial de Chapadmalal, en una mesa donde cenaba, entre otros, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, y su hombre de confianza en la relación con la prensa, Juan Pablo Biondi.

En los meses previos a la media sanción del aporte extraordinario, y al accidente que terminó con la muerte del poderoso presidente del Banco Macro, Brito había cuestionado, junto a otros empresarios como Roberto Urquía, de aceitera General Deheza, o Alfredo Coto, del supermercado homónimo, el proyecto de ley redactado por Carlos Heller y Máximo Kirchner.

El principal cuestionamiento de los empresarios sostenía que ese proyecto discriminaba a las empresas argentinas frente a las multinacionales. 

Al grabar a las personas físicas, el dueño del Banco Macro, el de supermercados Coto o el de aceitera General Deheza deberían pagar. Sin embargo, sus competidores del Santander, de Carrefour o de Cargill no lo harían porque sus dueños son extranjeros y el impuesto sólo abarca a los argentinos.

El Gobierno sostuvo que estaba dispuesto a ser flexible si le acercaban una propuesta alternativa que le permitiera recaudar al mismo monto. Las versiones se bifurcan a la hora de explicar por qué no hubo un proyecto consensuado. (Fte/ Infobae)