Un error, calificado como insólito, devolvió el proyecto a Diputados a fin que se subsane un yerro que si bien es formal tuvo su impacto político. El que trató el Senado carecía de  algunas planillas con obras para todo el país y ello le sirvió al discurso crítico de legisladores opositores. Aunque el oficialismo aclaró que no se hará ninguna modificación, quedó instalada cierta incertidumbre.

Se generó un debate que puso de relieve que quienes tienen la representación de las provincias no siempre están cercanos a las autoridades de las mismas y en no pocos casos privilegian intereses sectoriales. De allí, por ejemplo, los aplausos de la senadora kirchnerista salteña Nora Giménez a la gestión del gobierno central, reflejada especialmente en el gasto social contenido en la iniciativa, aun cuando se deja en manos del Jefe de Gabinete ingentes partidas que obligarán a los gobernadores a peregrinar por ayuda. 

También  se ha marcado la distancia en la intervención del senador Juan Carlos Romero, del que no se conoce que haya gestionado obra por obra, como se hizo en Diputados. Aseguró que no están incluidas en el proyecto obras que han sido ya acordadas mediante la firma de los respectivos convenios como ocurrió con la pavimentación de una ruta crucial no solo para Salta sino para un proyecto de integración subcontinental, como es la 51 hacia Chile. Que no haya sido el único senador que dijo que no había financiamiento para obras que la Cámara de Diputados daba por aprobadas ponen la mirada en las planillas que deberán incorporarse en una nueva sesión de la misma.

De todas maneras, desde oficialismo y la oposición hubo reclamos por la falta de federalismo del presupuesto. El centralismo con el que se lleva adelante el sistema democrático en la Argentina no sufre mengua alguna, precisamente por la cesión que se realiza con la ley que cada año aprueba la distribución de los ingresos. Y en esta oportunidad se avanzó más al incluir, dentro de la misma, decisiones de orden impositivo que habitualmente se realiza mediante leyes específicas.

Vale destacar que los voceros del oficialismo se ocuparon en enunciar el propósito del Gobierno Nacional en consolidar la protección social de los sectores más vulnerables, sin mayor mención al denunciado ajuste al que se someterá a los jubilados. La recuperación económica fue marcada como otro objetivo y si bien reconocieron que el proyecto en trámite es prudente en ese orden se asumió que el único modo de salir es creciendo y “no se sale achicando”.

La preocupación de la oposición se centró en la distribución de los recursos. El área metropolitana –la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- más que duplica los fondos de capital por habitante que llegarán a la mayoría de las provincias. Pero también se destacó la suba de tasas y de alícuotas de algunos impuestos, de manera diferencial según las actividades.

Al ciudadano común no le resulta accesible hacer su propia evaluación a partir del debate parlamentario.  Sí debe tener en cuenta que la que está tratando el Parlamento es una ley fundamental porque, en definitiva, configura no solo el ordenamiento del manejo de los recursos públicos, sino el destino de sus propios proyectos personales. 

El fracaso de las políticas macro arrastra el bienestar general y particular. Esa es una buena síntesis de su significación. 

Salta, 13 de noviembre de 2020