El pasado miércoles el Consejo Federal fijó las líneas generales con vistas al período lectivo 2021, cerrando el manejo del año educativo actual que, seguramente, quedará registrado como el más infructuoso para los grupos en formación. En el último encuentro del confederal, que fue virtual como la mayoría de los realizados este año y tuvo la particularidad de ser la sesión número 100 desde que se creó en 2007, consolidó lo que constitucionalmente está reconocido; la educación cae en el ámbito de responsabilidad de las provincias respecto del funcionamiento del sistema en cada distrito y hasta el nivel superior no universitario.
Respecto del próximo año, sobre el que es difícil plantear precisiones, si se puede determinar un marco que de previsión, como respuesta a la legítima demanda de la familia que en el año de la pandemia aportó lo que pudo, que fue mucho frente al abandono del Estado. Y es lo que dejó configurada la decisión del Consejo Federal.
Se acordó cumplir con los 180 días de clase en 2021, pero no fijó una fecha de inicio. Los provincias tienen tiempo hasta fin de año para presentar sus calendarios escolares, que se estima mayoritariamente arrancarían el 1 de marzo y terminarían el viernes 17 de diciembre.
Otra guía que quedó para los gobiernos escolares de 24 distritos es el reconocimiento de tres modalidades de cursada para 2021. Los ministerios tendrán la opción de presencial, semipresencial y a distancia, que se adaptará al momento epidemiológico que atraviese cada provincia en marzo. Además, se definieron los protocolos para nivel inicial y educación especial, que en este año no fueron considerados por el altísimo riesgo que se le reconocía.
Un punto sobre el que se cargaron las tintas es la necesidad de avanzar en el Sistema Integral de Información Digital Educativa, una base de datos nominalizada por alumnos. Se coincidió en que un registro de esas características es crucial para identificar a los alumnos que se cayeron del sistema durante la pandemia, para buscarlos e intentar que regresen a la escuela. Hay provincias que muestran un avance significativo en esa materia y conocen de manera bastante precisa la situación en torno de cada unidad educativa y de cada nivel. No es precisamente el caso de Salta, que trabajó respecto de la organización de la terminalidad con aproximaciones cuestionadas por el sector gremial docente.
Hay tres ejes que preocupan en la Provincia y uno de ellos exige ingentes recursos y se vincula al funcionamiento de los establecimientos educativos. Este año no se realizaron las tareas de mantenimiento y reparaciones impostergables pero no hubo ahorro; sencillamente esos fondos no existen. No será la virulencia de la propagación del Covid la barrera que demore el retorno: infraestructura, recursos humanos e insumos no pueden mezquinarse.
Otro problema es la demanda salarial docente. Si hasta febrero no hay una oferta que satisfaga a un sector intransigente a la hora de negociar, será en vano recordar que este año fue como una larga huelga de maestros y con alto acatamiento. Hubo excepciones, difícilmente identificables.
La Legislatura Provincial, que se ha puesto en alerta frente a la problemática de una educación casi en estado de parálisis, pretende acompañar al Ejecutivo. Las reuniones informativas se transformarán en encuentros de debate sobre iniciativas. El tiempo apremia porque los plazos se agotan.
Salta, 06 de noviembre de 2020
