Cincuenta y seis departamentos en barrio El Bosque integrarán este año el primer sorteo de viviendas para la Capital de la Provincia. Quienes están habilitados para participar son un poco más de 700 familias, que se inscribieron hasta 2010 inclusive y actualizaron o renovaron su ficha social durante 2019. Estos dos datos describen una situación dramática, que se proyecta a todo el territorio salteño: se trata de un abultado y creciente déficit habitacional.
Opinión02/11/2020
Precisamente, tal cuestión está en el centro de la atención pública ante la que el Ejecutivo no está dando muestras de reacción, la Legislatura realiza tibios intentos de intervención y la Justicia tiene en marcha algunas medidas de dudosa eficacia. Es que no se trata de una demanda social acabadamente ponderada, para cuya cobertura no hay planes en ejecución y ni siquiera propuestos a partir de la gestión instalada hace casi un año
Es una problemática transversal y como tal, compleja en su abordaje y resolución. Además que el acceso a la vivienda es un derecho humano, debidamente reconocido por las Constituciones Nacional y Provincial, tiene aristas múltiples, que impactan en el plano social y económico. La iniciativa hasta ahora está en manos del Ejecutivo central que formuló anuncios que colocan la cuestión en directa vinculación al rol del Estado para impulsar la construcción y la generación de empleo en todo el país.
En mayo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández anunció una inversión de 29 mil millones para créditos para viviendas. El ambicioso plan preveía generar unos 750 mil puestos de trabajo hasta fin de año y sumaba unos 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la reparación de 42.900 casas.
Hasta agosto no se avanzó en concreciones y entonces vino un nuevo anuncio, más vigoroso; fue el relanzamiento de programa Procrear, con una inversión de 25.000 millones de pesos con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario. Disponía otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas vivienda. Se completaba con la adjudicación de 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país. Del dicho al hecho, en el trecho solo hay trámites burocráticos; se abrió una preinscripción que agotó en días la oferta realizada.
En tanto, quienes saben que es el Estado en décadas no solucionó ni el problema social del hacinamiento ni el económico del desempleo, entre otras carencias, siguen el canto de sirena de líderes emergentes que los conducen a la comisión del delito de la toma de terrenos fiscales o privados, acción que no puede legitimarse con la ineficiencia de los gobiernos para resolver la cuestión.
En Salta hay asentamientos ilegales en Capital e interior, que se toleran. Las acciones políticas encaradas fueron hasta ahora el anuncio de un programa llamado Mi Lote, que está virtualmente en un estado larval, según han reconocido representantes del oficialismo y descripciones –porque no alcanzan el estado de denuncia pública- de un estado de situación que linda lo inhumano. Es así que no tomó vuelo el proyecto de declaración debatido en la última sesión de Diputados por el que se pide recuperar inmuebles dados en comodato, que están sin usufructuar. También hay una mediación del Ministerio Público Fiscal que solo puede tomarse como una maniobra dilatoria en una toma en el sur de la ciudad, que impidió desde mayo pasado que se dé por finalizado el delito, sea por vía de la represión o por la acción estatal que encamine una solución adecuada.
La vivienda es un tema sensible y prioritario. No puede quedar en manos de oportunistas.
Salta, 02 de noviembre de 2020
Un incipiente debate sobre el control público se está insinuando en Salta. Algunos especialistas y pocos referentes de la política suelen poner atención en esta cuestión y generalmente es a raíz de algún hecho puntual que dispara las consideraciones.
Se nos escurre el penúltimo mes del año. Los calores avisan y no son pocos los comercios que ya cambiaron la decoración habitual por motivos más navideños. Como siempre, el deseo de que empecemos un diciembre con salud, trabajo, en familia y en paz.
Sobre el cierre del período ordinario de sesiones del Congreso, los gobernadores han consolidado su papel de árbitros en la puja entre el oficialismo y la oposición. Su intervención ha logrado que el recinto permanezca cerrado hasta que en sesiones extraordinarias avance el proyecto de presupuesto 2026.
Es una cuestión de estilo la que llevó a que el presidente Javier Milei calificara al último fin de semana largo como el más exitoso de la historia y está a punto de establecer otro similar para el primer feriado de diciembre. Sin embargo, hay sectores que reconocen que pudo haber sido mejor.
Y acá está el punto: una democracia madura no puede darse el lujo de jugar con equilibrios que costaron décadas, vidas y consensos históricos. No se trata de dramatizar, pero tampoco de banalizar decisiones que tocan fibras sensibles de nuestra identidad democrática.
Se cumplió este lunes un trámite esencial para el funcionamiento institucional de la democracia salteña. Senadores y diputados electos en mayo pasado fueron incorporados a sus respectivas cámaras, previo juramento requerido por el presidente de la sesión convocada para ese fin.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.