Precisamente, tal cuestión está en el centro de la atención pública ante la que el Ejecutivo no está dando muestras de reacción, la Legislatura realiza tibios intentos de intervención y la Justicia tiene en marcha algunas medidas de dudosa eficacia. Es que no se trata de una demanda social acabadamente ponderada, para cuya cobertura no hay planes en ejecución y ni siquiera propuestos a partir de la gestión instalada hace casi un año
Es una problemática transversal y como tal, compleja en su abordaje y resolución. Además que el acceso a la vivienda es un derecho humano, debidamente reconocido por las Constituciones Nacional y Provincial, tiene aristas múltiples, que impactan en el plano social y económico. La iniciativa hasta ahora está en manos del Ejecutivo central que formuló anuncios que colocan la cuestión en directa vinculación al rol del Estado para impulsar la construcción y la generación de empleo en todo el país.
En mayo, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández anunció una inversión de 29 mil millones para créditos para viviendas. El ambicioso plan preveía generar unos 750 mil puestos de trabajo hasta fin de año y sumaba unos 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la reparación de 42.900 casas.
Hasta agosto no se avanzó en concreciones y entonces vino un nuevo anuncio, más vigoroso; fue el relanzamiento de programa Procrear, con una inversión de 25.000 millones de pesos con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario. Disponía otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas vivienda. Se completaba con la adjudicación de 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país. Del dicho al hecho, en el trecho solo hay trámites burocráticos; se abrió una preinscripción que agotó en días la oferta realizada.
En tanto, quienes saben que es el Estado en décadas no solucionó ni el problema social del hacinamiento ni el económico del desempleo, entre otras carencias, siguen el canto de sirena de líderes emergentes que los conducen a la comisión del delito de la toma de terrenos fiscales o privados, acción que no puede legitimarse con la ineficiencia de los gobiernos para resolver la cuestión.
En Salta hay asentamientos ilegales en Capital e interior, que se toleran. Las acciones políticas encaradas fueron hasta ahora el anuncio de un programa llamado Mi Lote, que está virtualmente en un estado larval, según han reconocido representantes del oficialismo y descripciones –porque no alcanzan el estado de denuncia pública- de un estado de situación que linda lo inhumano. Es así que no tomó vuelo el proyecto de declaración debatido en la última sesión de Diputados por el que se pide recuperar inmuebles dados en comodato, que están sin usufructuar. También hay una mediación del Ministerio Público Fiscal que solo puede tomarse como una maniobra dilatoria en una toma en el sur de la ciudad, que impidió desde mayo pasado que se dé por finalizado el delito, sea por vía de la represión o por la acción estatal que encamine una solución adecuada.
La vivienda es un tema sensible y prioritario. No puede quedar en manos de oportunistas.
Salta, 02 de noviembre de 2020
