Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
Escenario
A más de un mes que la Nación alcanzara el acuerdo con sus acreedores externos, que se trasladó luego a los tenedores de bonos bajo legislación argentina, las Provincias trabajan en el mismo sentido aunque no con igual suerte. La única que lo logró en la última semana de septiembre último fue Mendoza y se reconoce que el resultado de sus negociaciones no fue tan promisorio, si bien alivió la tensión sobre sus cuentas. Salta no ha formulado aún su oferta.
Opinión16/10/2020
De ese tema se habló en la primera reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública con el ministro de Economía de la Provincia. Fue minuciosa y arrancó determinando una modalidad de trabajo que permitirá el tercer jueves de cada mes tener información actualizada sobre la situación de la deuda y el avance del proceso de restructuración.
Para entender la atención sobre la cuestión vale repasar datos no solo esenciales sino condicionantes. La deuda total de las provincias argentinas alcanza un monto de 11 mil millones de dólares y con excepción de la cuyana que ya tiene su acuerdo, otras diez están en un proceso similar al de Salta, ajustando sus posibilidades de enfrentar nuevos compromisos, convenciendo que se van a cumplir.
Deber no es el problema; casi todos los distritos tienen déficit fiscal, por lo tanto requieren de un refinanciamiento y tomar deuda nuevamente, en tanto consigan condiciones apropiadas para enfrentar las obligaciones, que son las que se están discutiendo. Pero también deben lograr la recuperación de la actividad privada que permita lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. Podrá apreciarse que no es poco.
La deuda pública de Salta es de 615 millones de dólares y el 75 por ciento de la misma está en esa moneda. El 25% que resta equivale a 45 mil millones de pesos. El monto es impagable y las condiciones que se habían pactado al momento de tomar esa deuda, hoy son imposibles de cumplir. Algunas de las razones es que la recaudación tuvo una caída de casi 9 mil millones de pesos y sigue acumulando un significativo como persistente descenso.
El proceso de negociación viene desde fines del primer trimestre del año, cuando comenzó a contactarse a cada tenedor de los bonos salteños. Siguió con la ley autorizando la reestructuración y la contratación de los agentes financieros, los bancos Macro y Bank of América, que deben poner lo suyo ajustándose a lo que instruya el ministro de Economía de la Nación, a través de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Se trata de un trabajo de ingeniería financiera que es la otra cara de la medalla que se había mostrado cuando en el inicio de la segunda década de este siglo se optó por el endeudamiento para llevar adelante sendos planes de obras públicas, cuyos resultados ahora se demandan. Se crearon a ese fin el Fondo de Reparación Histórica y el del Bicentenario, que en conjunto plantean vencimientos por montos crecientes en dólares hasta 2024.
Con deudas y en recesión, en el marco de una pandemia sin registros en la memoria colectiva de las actuales generaciones, lo que queda es que Salta siempre honró sus deudas. Sin embargo, el mercado demanda no sólo esa garantía sino especialmente la solvencia de sus cuentas.
No hay muchas opciones; defaultear ha sido descartado de plano. Resta entonces, como en cualquier familia, cuida los gastos y optimizar los recursos. Es un esfuerzo extremo que demanda la eficiencia del gobierno y la concurrencia de los sectores políticos, para cumplir con la sociedad corrigiendo el peor escenario.
Salta, 16 de octubre de 2020
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Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
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