Escenario

Opinion 16 de octubre de 2020
A más de un mes que la Nación alcanzara el acuerdo con sus acreedores externos, que se trasladó luego a los tenedores de bonos bajo legislación argentina, las Provincias trabajan en el mismo sentido aunque no con igual suerte. La única que lo logró en la última semana de septiembre último fue Mendoza y se reconoce que el resultado de sus negociaciones no fue tan promisorio, si bien alivió la tensión sobre sus cuentas. Salta no ha formulado aún su oferta.
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De ese tema se habló en la primera reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública con el ministro de Economía de la Provincia. Fue minuciosa y arrancó determinando una modalidad de trabajo que permitirá el tercer jueves de cada mes tener información actualizada sobre la situación de la deuda y el avance del proceso de restructuración.

Para entender la atención sobre la cuestión vale repasar datos no solo esenciales sino condicionantes. La deuda total de las provincias argentinas alcanza un monto de 11 mil millones de dólares y con excepción de la cuyana que ya tiene su acuerdo, otras diez están en un proceso similar al de Salta, ajustando sus posibilidades de enfrentar nuevos compromisos, convenciendo que se van a cumplir.

Deber no es el problema; casi todos los distritos tienen déficit fiscal, por lo tanto requieren de un refinanciamiento y tomar deuda nuevamente, en tanto consigan condiciones apropiadas para enfrentar las obligaciones, que son las que se están discutiendo. Pero también deben lograr la recuperación de la actividad privada que permita lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. Podrá apreciarse que no es poco.

La deuda pública de Salta es de 615 millones de dólares y el 75 por ciento de la misma está en esa moneda. El 25%  que resta equivale a 45 mil millones de pesos. El monto es impagable y las condiciones que se habían pactado al momento de tomar esa deuda, hoy son imposibles de cumplir. Algunas de las razones es que la recaudación tuvo una caída de casi 9 mil millones de pesos y sigue acumulando un significativo como persistente descenso.

El proceso de negociación viene desde fines del primer trimestre del año, cuando comenzó a contactarse a cada tenedor de los bonos salteños. Siguió con la ley autorizando la reestructuración y la contratación de los agentes financieros, los bancos Macro y Bank of América, que deben poner lo suyo ajustándose a lo que instruya el ministro de Economía de la Nación, a través de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

Se trata de un trabajo de ingeniería financiera que es la otra cara de la medalla que se había mostrado cuando en el inicio de la segunda década de este siglo se optó por el endeudamiento para llevar adelante sendos planes de obras públicas, cuyos resultados ahora se demandan. Se crearon a ese fin el Fondo de Reparación Histórica y el del Bicentenario, que en conjunto plantean vencimientos por montos crecientes en dólares hasta 2024.

Con deudas y en recesión, en el marco de una pandemia sin registros en la memoria colectiva de las actuales generaciones, lo que queda es que Salta siempre honró sus deudas. Sin embargo, el mercado demanda no sólo esa garantía sino especialmente la solvencia de sus cuentas.

No hay muchas opciones; defaultear ha sido descartado de plano. Resta entonces, como en cualquier familia, cuida los gastos y optimizar los recursos. Es un esfuerzo extremo que demanda la eficiencia del gobierno y la concurrencia de los sectores políticos, para cumplir con la sociedad corrigiendo el peor escenario.

Salta, 16 de octubre de 2020

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