A más de un mes que la Nación alcanzara el acuerdo con sus acreedores externos, que se trasladó luego a los tenedores de bonos bajo legislación argentina, las Provincias trabajan en el mismo sentido aunque no con igual suerte. La única que lo logró en la última semana de septiembre último fue Mendoza y se reconoce que el resultado de sus negociaciones no fue tan promisorio, si bien alivió la tensión sobre sus cuentas. Salta no ha formulado aún su oferta.
Opinión16/10/2020
De ese tema se habló en la primera reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública con el ministro de Economía de la Provincia. Fue minuciosa y arrancó determinando una modalidad de trabajo que permitirá el tercer jueves de cada mes tener información actualizada sobre la situación de la deuda y el avance del proceso de restructuración.
Para entender la atención sobre la cuestión vale repasar datos no solo esenciales sino condicionantes. La deuda total de las provincias argentinas alcanza un monto de 11 mil millones de dólares y con excepción de la cuyana que ya tiene su acuerdo, otras diez están en un proceso similar al de Salta, ajustando sus posibilidades de enfrentar nuevos compromisos, convenciendo que se van a cumplir.
Deber no es el problema; casi todos los distritos tienen déficit fiscal, por lo tanto requieren de un refinanciamiento y tomar deuda nuevamente, en tanto consigan condiciones apropiadas para enfrentar las obligaciones, que son las que se están discutiendo. Pero también deben lograr la recuperación de la actividad privada que permita lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. Podrá apreciarse que no es poco.
La deuda pública de Salta es de 615 millones de dólares y el 75 por ciento de la misma está en esa moneda. El 25% que resta equivale a 45 mil millones de pesos. El monto es impagable y las condiciones que se habían pactado al momento de tomar esa deuda, hoy son imposibles de cumplir. Algunas de las razones es que la recaudación tuvo una caída de casi 9 mil millones de pesos y sigue acumulando un significativo como persistente descenso.
El proceso de negociación viene desde fines del primer trimestre del año, cuando comenzó a contactarse a cada tenedor de los bonos salteños. Siguió con la ley autorizando la reestructuración y la contratación de los agentes financieros, los bancos Macro y Bank of América, que deben poner lo suyo ajustándose a lo que instruya el ministro de Economía de la Nación, a través de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Se trata de un trabajo de ingeniería financiera que es la otra cara de la medalla que se había mostrado cuando en el inicio de la segunda década de este siglo se optó por el endeudamiento para llevar adelante sendos planes de obras públicas, cuyos resultados ahora se demandan. Se crearon a ese fin el Fondo de Reparación Histórica y el del Bicentenario, que en conjunto plantean vencimientos por montos crecientes en dólares hasta 2024.
Con deudas y en recesión, en el marco de una pandemia sin registros en la memoria colectiva de las actuales generaciones, lo que queda es que Salta siempre honró sus deudas. Sin embargo, el mercado demanda no sólo esa garantía sino especialmente la solvencia de sus cuentas.
No hay muchas opciones; defaultear ha sido descartado de plano. Resta entonces, como en cualquier familia, cuida los gastos y optimizar los recursos. Es un esfuerzo extremo que demanda la eficiencia del gobierno y la concurrencia de los sectores políticos, para cumplir con la sociedad corrigiendo el peor escenario.
Salta, 16 de octubre de 2020
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
La administración de Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa de seguridad del 30% a todos los productos provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de febrero.
Los trabajos se extenderán del 26 de enero al 1 de febrero en Capital y Valle de Lerma, en el marco del Plan de Inversión 2026 de EDESA.
El conglomerado indio Welspun se adjudicó la provisión de caños para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros en Vaca Muerta, superando la propuesta del grupo Techint.
El pago alcanzará a la totalidad de los empleados de la administración pública provincial, incluyendo salud, seguridad, educación y el resto de los organismos estatales.
Los Entes Reguladores de las tres provincias avanzan con una nueva presentación judicial y advierten por la falta de inversión en líneas de alta tensión.