Por Aries, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, explicó que desde marzo viene monitoreando la situación y pudo observar que las obras sociales redujeron las prestaciones a solo prácticas de emergencia.
Claro, en un principio, indicó, le pareció una medida coherente dada la emergencia sanitaria y – quizás- la necesidad de ordenar recursos, pero los meses pasaron y con agosto a punto de finalizar la situación no apunta a normalizarse.
Según el Defensor, la mayoría de las prestaciones médicas sanatoriales están funcionando con “normalidad” – siempre teniendo en cuenta el marco de pandemia-, es decir, si el paciente se presenta de manera particular no tendrá problemas en lograr su atención.
“Ahora, si quiere hacerlo vía obra social no lo reciben porque estas no están pagando o directamente no están autorizando las prácticas. Y, si lo hace de manera particular y luego busca el reintegro, se lo rechazan aduciendo que no se trató de una urgencia”, describió Núñez Burgos y señaló que, mientras tanto, los obras sociales y prepagas cobran regularmente las cuotas a sus afiliados.
Así las cosas, desde la defensoría a su cargo elevaron una solicitud para que se explique qué relación existe entre este pago y la prestación de servicios, además de los motivos por los cuáles las firmas han restringido la atención y bajó qué marco jurídico amparan sus acciones.
Concluyendo, Núñez Burgos indicó que por esta búsqueda de respuestas llegó a conocer la Superintendencia de Servicios de Salud de Salta no tiene representante, por lo que debió elevar su pedido a nivel nacional.
