El Decreto 255 sigue sumando cuestionamientos a nivel nacional 

Desde la Federación adhieren al planteo del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, que señala la inconstitucionalidad de la norma cuestionada que “crea un régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgreden las disposiciones dictadas” por la emergencia sanitaria por la pandemia Covid -19.

Advierten que la misma es la normativa es contraria al principio de legalidad, principio de reserva, seguridad jurídica, debido proceso, derecho de defensa en juicio, principio de no discriminación e igualdad ante la ley;

Suman también que el decreto fue convertido en ley por la Legislatura salteña “sin debate parlamentario alguno” y ha “generado inconductas contrarias a los derechos humanos, desplegadas por parte de la autoridad de aplicación (Policía de la Provincia de Salta) lo que ha habilitado a generar violencia institucional de magnitud”.

“Si bien entendemos que las autoridades deben desarrollar medidas efectivas para prevenir los efectos de la crisis sanitaria acaecida, sus regulaciones de ninguna manera deben afectar las garantías constitucionales de los ciudadanos ni la vigencia plena de los derechos humanos”, sostiene la entidad, y agrega el pedido para que se busque y generen condiciones adecuadas que garanticen el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.

Por esta razón, la Federación resolvió acompañar al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta en la presentación efectuada ante la Corte de Justicia, para que en su carácter de Amicus Curiae, declare la inconstitucionalidad de la Ley 8.191 generada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 255, del Poder Ejecutivo Provincial.

Además se solidariza con las víctimas de abuso policial y violencia institucional, que sufrieron la aplicación de la normativa cuestionada.

Finalmente solicitan que las autoridades de los tres poderes de la Provincia de Salta a que “arbitren medidas urgentes en aras de impedir la continuidad de prácticas reñidas con los derechos humanos, que atentan contra el libre desempeño de las Instituciones republicanas del país”.