En Salta ha comenzado a debatirse el teletrabajo en la administración pública. Algunas prácticas vienen desarrollándose desde la aplicación de la cuarentena en distintas áreas de ese sector laboral, sin que haya generado alguna voz disonante respecto de las mismas.
Opinión11/08/2020
Un proyecto de ley para regular el mismo ha sido incluido en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados presentado por el justicialismo saencista, pero hay otro proyecto con la misma pretensión, originado en el bloque del Partido Obrero. La naturaleza del tema indica que tendrá un trámite legislativo más extendido que el que pretenden sus autores.
Cabe recordar que en la pasada semana se convirtió en ley nacional un proyecto en el mismo sentido, que se impuso por la voluntad mayoritaria del oficialismo y con ámbito de aplicación en el sector privado. Sus disposiciones fueron cuestionadas por entidades empresarias y algunos especialistas en materia laboral. Se considera que es un obstáculo para la recomposición del mercado laboral.
Sus promotores, en cambio, destacan sus virtudes. Reconocen que el teletrabajo no es una relación nueva sino una modalidad de prestación del contrato de trabajo pero consideran que la nueva ley refuerza derechos ya existentes y los amplía con la introducción de otros nuevos.
Esa intención es la que sostienen quienes impulsan la ley provincial. En principio, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados giró a todos los sindicatos de trabajadores del Estado los proyectos de teletrabajo en el empleo público que ingresaron.
Las iniciativas tienen puntos en común con la ley nacional aprobada, como así también entre ellos respecto de los derechos que se preservan. Establecen que la regulación es aplicable a los trabajadores de los tres poderes y de entes autárquicos. También que son extensibles los derechos, beneficios y obligaciones de los que gozan los trabajadores presenciales. El traslado de una a otra modalidad requiere del consentimiento pleno del trabajador, es otra de las exigencias propuestas. Respecto de los ingresos, el piso es el que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial.
También son contemplados por las iniciativas puestas a análisis el derecho a la desconexión digital. Esto es, fuera del horario pactado y en períodos de licencia el trabajador no puede ser contactado.
La propuesta del Partido Obrero incluye exigencias que significan una sensible mejora respecto incluso de las condiciones del trabajo presencial. Por ejemplo, obliga al empleador –que es el Estado- a abonar junto con el salario un plus, equivalente al costo del alquiler de un departamento monoambiente en la zona de residencia del trabajador, en carácter de alquiler del espacio físico puesto al servicio de la tarea. Además, señala que si el domicilio del trabajador no permite la dinámica de uso laboral y familiar combinados, el Estado deberá asumir los costos de adecuación y mudanza o traslado a un nuevo domicilio, que será seleccionado y determinado exclusivamente por el trabajador. Además, plantea la provisión de elementos con los que actualmente buena parte de la planta de empleados públicos no cuenta. Es el caso, solo para señalar uno, de la provisión de una silla ergonómica.
El sector público debe modernizarse y apostar a un cambio tanto en la cultura organizacional del trabajo como en la forma de supervisión de este, dicen los fundamentos del oficialismo. De lo que se trata es de un avance irreversible de la realidad hacia nuevos caminos de realización laboral.
Salta, 11 de agosto de 2020
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