Hipoteca

Opinion 29 de julio de 2020
Salta sale a buscar el préstamo de un usurero para pagar su deuda. Es la síntesis del único voto negativo que tuvo el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial, que con media sanción pasó a la Cámara de Senadores. Similar aprobación tuvo la el convenio para tomar un crédito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que este año distribuirá no menos de 50 mil millones de pesos en todo el país.
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Un intenso debate generaron ambas iniciativas que, básicamente, se centró en fundamentar la necesidad que tiene la Provincia de contar con ambos instrumentos legales, a la vez que justificar una urgencia que no atiende la necesidad de contar con datos suficientes para dar las herramientas demandadas. Por ello es que se escucharon voces sumamente críticas, que advirtieron los problemas que se van a generar, pero que convertidas en voto no reflejaron la gravedad de los riesgos. Al parecer, priorizaron la crisis en la que está envuelta la administración del Estado provincial.

El proyecto más discutido y que provocara que sea el propio Ministro de Economía el que lo argumente ante los legisladores, dispone la emisión de títulos públicos a colocarse en el mercado financiero internacional en procura de un refinanciamiento y ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos del Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario. Esta situación sostiene la inminente posibilidad que Salta entre en default el 4 de agosto próximo, luego que no pagara vencimientos por 16 millones de dólares el 30 de junio pasado.

Los diputados que aportaron datos significativos para la comprensión de la situación, que puede entenderse asumiendo que la Provincia está no solo pobre sino también muy endeudada. A partir de ese punto, la discusión pasó por determinar si se exponía al remate de lo poco que tiene o sale a tomar más deuda, con una hipoteca ineludible. 

Los extremos se acercaron al disponer la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la renegociación, que deberán integrar por partes iguales legisladores de ambas cámaras del oficialismo y la oposición. Es la mayor garantía que la Legislatura puede ofrecer aunque, sin embargo, no es muy amplia porque ya hay una historia escrita sobre la falta de eficacia de esos cuerpos. En el repaso de la constitución de la deuda que asfixia al Estado provincial, el oscurantismo en torno del destino del Fondo que debía reparar por la explotación de sus recursos hidrocarburíferos  a los tres departamentos productores, fue un tema remanido. Su funcionamiento tenía el control de una Bicameral, alguno de cuyos miembros siguen siendo legisladores, la que no rindió cuentas durante su vigencia.

Los voceros del oficialismo aseguraron que el propósito de sostenibilidad no significa un nuevo endeudamiento y se hizo mención a la  ley nacional a través de la cual se renegocia una deuda por más de 66 mil millones de dólares. Precisamente es la que ha inspirado muchos reparos, especialmente por el costo que tiene esa operación.

Desde ese sector también partieron reproches hacia quienes acompañaron el proceso de endeudamiento extendiendo las autorizaciones correspondientes, sin proyectar los actuales resultados. La actual gestión, sin capacidad de reacción, ha visto crecer en casi 15 puntos la deuda con la que se hizo cargo del Gobierno.

Es así que esta semana habrá dos leyes claves. Son para poder gobernar una Provincia embargada por 60 años.

Salta, 28 de julio de 2020

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