Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
Hipoteca
Salta sale a buscar el préstamo de un usurero para pagar su deuda. Es la síntesis del único voto negativo que tuvo el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial, que con media sanción pasó a la Cámara de Senadores. Similar aprobación tuvo la el convenio para tomar un crédito del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que este año distribuirá no menos de 50 mil millones de pesos en todo el país.
Opinión29/07/2020
Un intenso debate generaron ambas iniciativas que, básicamente, se centró en fundamentar la necesidad que tiene la Provincia de contar con ambos instrumentos legales, a la vez que justificar una urgencia que no atiende la necesidad de contar con datos suficientes para dar las herramientas demandadas. Por ello es que se escucharon voces sumamente críticas, que advirtieron los problemas que se van a generar, pero que convertidas en voto no reflejaron la gravedad de los riesgos. Al parecer, priorizaron la crisis en la que está envuelta la administración del Estado provincial.
El proyecto más discutido y que provocara que sea el propio Ministro de Economía el que lo argumente ante los legisladores, dispone la emisión de títulos públicos a colocarse en el mercado financiero internacional en procura de un refinanciamiento y ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos del Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario. Esta situación sostiene la inminente posibilidad que Salta entre en default el 4 de agosto próximo, luego que no pagara vencimientos por 16 millones de dólares el 30 de junio pasado.
Los diputados que aportaron datos significativos para la comprensión de la situación, que puede entenderse asumiendo que la Provincia está no solo pobre sino también muy endeudada. A partir de ese punto, la discusión pasó por determinar si se exponía al remate de lo poco que tiene o sale a tomar más deuda, con una hipoteca ineludible.
Los extremos se acercaron al disponer la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la renegociación, que deberán integrar por partes iguales legisladores de ambas cámaras del oficialismo y la oposición. Es la mayor garantía que la Legislatura puede ofrecer aunque, sin embargo, no es muy amplia porque ya hay una historia escrita sobre la falta de eficacia de esos cuerpos. En el repaso de la constitución de la deuda que asfixia al Estado provincial, el oscurantismo en torno del destino del Fondo que debía reparar por la explotación de sus recursos hidrocarburíferos a los tres departamentos productores, fue un tema remanido. Su funcionamiento tenía el control de una Bicameral, alguno de cuyos miembros siguen siendo legisladores, la que no rindió cuentas durante su vigencia.
Los voceros del oficialismo aseguraron que el propósito de sostenibilidad no significa un nuevo endeudamiento y se hizo mención a la ley nacional a través de la cual se renegocia una deuda por más de 66 mil millones de dólares. Precisamente es la que ha inspirado muchos reparos, especialmente por el costo que tiene esa operación.
Desde ese sector también partieron reproches hacia quienes acompañaron el proceso de endeudamiento extendiendo las autorizaciones correspondientes, sin proyectar los actuales resultados. La actual gestión, sin capacidad de reacción, ha visto crecer en casi 15 puntos la deuda con la que se hizo cargo del Gobierno.
Es así que esta semana habrá dos leyes claves. Son para poder gobernar una Provincia embargada por 60 años.
Salta, 28 de julio de 2020
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Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
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