Con la atención concentrada en los cambios para diluir el poder de los jueces de Comodoro Py, un capítulo de la reforma judicial que el Gobierno presentará mañana pasó casi inadvertido: el proyecto contempla la creación de 94 juzgados federales penales en las provincias, lo que implica la duplicación de los tribunales federales en el interior del país.

La intención de la Casa Rosada es desdoblar los juzgados que hoy reúnen competencias penales y no penales, y crear tribunales de competencia penal exclusiva, para investigar, entre otras cosas, las causas por narcotráfico. De un total de 104 juzgados federales ubicados fuera de la Ciudad de Buenos Aires se pasará a 198. La propuesta replica, casi de manera textual, una iniciativa que presentó el gobierno de Mauricio Macri, en junio de 2018, como parte del plan "Argentina sin narcotráfico".

Los anuncios estarán a cargo del presidente Alberto Fernández y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Encabezarán un acto, a partir de las 16, en la Casa Rosada, al que fueron invitados los 11 juristas del consejo asesor que se creará, por decreto, para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema, entre otras tareas. En el Gobierno no quisieron confirmar la letra chica de la reforma, que será enviada al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. Tema sensible como pocos, el proyecto atravesó los filtros del Presidente y de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La propuesta para duplicar los juzgados federales del interior que presentó Macri había sido ideada por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Contaba con el respaldo de buena parte de los gobernadores, siempre atentos a la designación de jueces federales en sus provincias, pero nunca llegó a tratarse en el Congreso, donde lo presentaron los senadores Humberto Schiavoni (Pro) y Rodolfo Urtubey (PJ), presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

"Hicimos un relevamiento muy detallado y detectamos que era necesario crear más juzgados, en especial en el Norte, en Santa Fe y provincia de Buenos Aires", señaló Garavano, en diálogo con LA NACION. El exfuncionario dijo desconocer la letra chica del proyecto que se anunciará mañana. Habrá que prestar atención a la cuestión de los juzgados electorales, sitios de poder estratégicos. En la duplicación de juzgados, esa competencia quedaría en poder de los tribunales ya existentes.

Si se tienen en cuenta los 23 juzgados que el Gobierno pretende agregar en la justicia penal federal de la Capital, la reforma contempla la creación de un total de 117 nuevos juzgados de primera instancia, a lo que hay que sumar un número idéntico de nuevas fiscalías, y otros cinco tribunales orales federales, con otras cinco fiscalías.

La proliferación de juzgados, que en un principio podrían ser ocupados por magistrados subrogantes, abre otro ángulo al debate, que tendrá como tema más sensible la transformación del fuero federal penal de la Capital. Ese capítulo, ideado para diluir el poder de los magistrados de Comodoro Py, consiste en la creación de un fuero de 46 jueces, a partir de la fusión de los 12 juzgados en lo criminal y correccional, con los 11 en lo penal económico, y la apertura de 23 juzgados nuevos.

La modificación de la estructura del Poder Judicial se propone en paralelo a la aceleración de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal, que implica el traspaso a un sistema acusatorio puro, en el que los fiscales tendrían a su cargo las investigaciones.

La Nación