La situación financiera de la Provincia será centro del debate legislativo durante esta semana. Las Cámaras tratarán el proyecto de Ley que solicita la aprobación del convenio de Asistencia Financiera, suscripto entre la Provincia y la Nación en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Opinión27/07/2020
El convenio establece el desembolso en Salta por parte de Nación de 2.100 millones de pesos, que será destinado a hacer frente a los gastos que demanda la pandemia, a la caída de la recaudación y a la baja de la actividad económica en general. Eso es lo que sostiene el oficialismo y serán las razones que hará valer en el debate para tomar una nueva deuda.
Desde la otra vereda, la mirada no se limita a este tiempo de crisis y se vuelve a la última gestión. El destino reconocido por los términos de este acuerdo es pagar vencimientos de una deuda que ha sido manifiestamente fraudulenta, dice el Partido Obrero, que es uno de los críticos de este acuerdo. Dos fondos mal llevados y peor controlados son los planean en los argumentos de los que descreen que ese endeudamiento sea el único camino.
El propio Ministro de Economía informó sobre los objetivos del nuevo endeudamiento, poco después que se conociera que Salta no cumplió con vencimientos de bonos en moneda extranjera, sumándose al grupo de provincias con severas dificultades financieras, algunas de las cuales ya fueron declaradas en default. El último viernes tuvo un encuentro virtual con senadores y diputados a los que destacó que el país lleva dos años de recesión económica y diez sin crecimiento. Hacia adelante las proyecciones no son positivas, al punto que se prevé que para fin de año una caída del PBI de más del 13%.
Por casa, el problema no es menos grave. En cifras redondas, la recaudación del primer semestre cayó en unos 7 mil millones de pesos, a lo que se suman vencimientos de deuda para este año por 9.600 millones de pesos, cuya cobertura no está asegurada. Hace poco más de un mes, Roberto Dib Ashur fue a la Cámara de Senadores para informar que se debían abonar 6 millones de dólares del Fondo de Reparación Histórica y 16 millones de dólares del Fondo del Bicentenario, pero que existía la previsión de esos fondos. Sin embargo, este último vencimiento no se pagó el 30 de junio pasado.
No es el mejor panorama para ordenar deudas y determinar si hay alguna fraudulenta, El último año cerró con un déficit de más de mil 100 millones de pesos de déficit y los ingresos de este año vienen en caída libre. A favor, la Provincia ha recibido casi 2 mil millones de pesos en Anticipos del Tesoro Nacional, previéndose el desembolso de otros 700 millones de pesos en los próximos meses
El convenio con la Nación, que será discutido mañana en Diputados y el jueves en el Senado, establece un año de gracia y el pago en 36 cuotas con un interés del 0,1% anual, ajustable por CER. Pero impone condiciones. Por ejemplo, obliga a la no emisión de cuasimonedas, aunque se pueden usar otras herramientas financieras que están dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, el manejo financiero quedará sometido a un monitoreo y a un conjunto de restricciones en la administración de los recursos, como que la pauta salarial y la planta de personal deberá mantenerse en los márgenes de los ingresos existentes.
Un crédito para pagar obligaciones y no financiar políticas de crecimiento, con ajustes en el área social, puede ser un anticipo de conflictos. Se planteará en el debate.
Salta, 27 de julio de 2020
Con un feriado largo comienza una semana que tendrá varios puntos de fuerte intensidad política. No necesariamente serán momentos decisorios, como puede ocurrir con el segundo encuentro en el marco de la paritaria del sector público provincial, pero sumarán a la tensión social que se está instalando en el país.
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Con ganadores y perdedores, el gobierno libertario logró la media sanción de la reforma laboral, la primera de un paquete que apunta a lograr cambios estructurales en el país.
El Ejecutivo Municipal dispuso auditar todas las obras públicas realizadas durante la gestión de Bettina Romero. Sobre varias de ellas hubo denuncias y registro de incidentes que las inhabilitaron con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la Capital. Algunos casos ya están judicializados.
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