En dicha norma, el Ejecutivo provincial estableció el régimen excepcional sancionatorio por incumplir lo dispuesto en los DNU nacional 297 y las resoluciones del Comité Operativo de Emergencia.
El planteo de los diputados Héctor Chibán, Julio Moreno, Franco Hernández, Jesús Villa, Cristina Fiore, Manuel Santiago Godoy, Carlos Zapata, Claudio Del Plá y Gladys Moisés, estaba basado en la defensa los derechos humanos de los ciudadanos de Salta, considerando que el DNU provincial 255 (y actualmente le Ley 8191) representó la facultad de que los mismos puedan ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad.
“Se creó un mecanismo que pone en manos del Jefe de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores, sin prever la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención”, indicaron los diputados en los fundamentos.
En la sesión, el diputado Héctor Chibán indicó que es urgente derogar la ley por haber sido impugnado por numerosos organismos de derechos humanos nacionales y por todo lo que ha ocurrido como consecuencia de la vigencia del DNU 255 que es inconstitucional.
“La secretaría de Derechos Humanos de la Nación está pidiendo su derogación y además la revisión de las graves conductas institucionales de parte de la policía de Salta en la aplicación de este decreto”, indicó Chibán.
Por su parte, el presidente del bloque Salta Tiene Futuro, Javier Diez Villa, indicó que la costumbre de la Cámara es que los proyectos que se piden tratar sobre tablas son acordados en la reunión de presidentes de bloques y ello no había ocurrido.
“Hay una acción planteada ante la Corte y está a resolver por eso no es oportuno además porque se está vulnerando una regla no escrita en esta Cámara de Diputados”, señaló.
