El presidente del Colegio de Abogados de Salta, Pedro Burgos, expuso por Aries el rechazo de la institución al proyecto que obtuvo sanción definitiva este jueves y que establece las normas procesales transitorias para adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria establecida en virtud de la pandemia del COVID – 19. La ley que se basó en las Acordadas de la Corte de Justicia durante la Emergencia Sanitaria.
Política02/07/2020
El dirigente cuestionó que a pesar de haber presentado un documento, el Colegio de Abogados no fue convocado a brindar su opinión por las Cámaras legislativas.
“Preocupa mucho una norma de esta carácter, general y estándar para todos los procesos, que se lleva puesto todo tipo de derecho como el de defensa en juicio, al debido proceso, a la contradicción y muchas normas procesales que fueron convalidadas hoy por el Senado”, expresó Burgos y añadió que tampoco se establece con claridad el carácter transitorio o el plazo de vigencia de la ley.
Manifestó además que la norma aprobada “también va a significar la aplicación en hechos anteriores, o sea que es otro principio que se lleva puesto, el de irretroactividad absoluta”.
“No tenemos parámetro sobre cuándo va ser considerada la situación de crisis ni de las normas procesales. No es lo mismo un proceso laboral que uno de familia o uno de civil o de defensa del consumidor, le hemos entregado a la autoridad de aplicación y eventualmente al juez una carta en blanco para que diga cómo va a ser el proceso y violando garantías constitucionales”, señaló.
Finalmente, Burgos consideró que “en una situación de crisis es donde más certezas, derechos y garantías deben existir para que el justiciable tenga justicia”.
Elecciones en el Colegio
Por otra parte y en relación al proceso electoral interno, Pedro Burgos señaló que si bien este año deben realizarse elecciones de autoridades del Colegio de Abogados, el mandato de la actual comisión directiva aún no concluyó.
Además, indicó que el proceso electoral desde su convocatoria hasta los comicios tiene dos meses de plazo por lo que aún hay tiempo para que el mismo sea llevado a cabo este año en el que la normalidad fue alterada por la pandemia.
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