Lo hizo durante la sesión del Senado y mientras se trataba el proyecto de ley para facultar a la Dirección Provincial de Rentas a fiscalizar la comercialización de cigarrillos y sancionar la venta de aquellos que hayan ingresado ilegalmente al circuito comercial.

El legislador indicó que tal decisión judicial no puede considerarse ‘legal’ porque “es un contrasentido utilizar el término ‘legal’ para evadir”. Señaló que, en el último año, la provincia de Salta ha perdido 1200 millones de pesos, más de 17 millones de dólares por parte de evasores, por los impuestos que se dejan de percibir” por el comercio de cigarrillos ilegales.

“En su dictado y en la parte técnica de la ley, está mandando a la Dirección de Rentas provincial a que se ocupe de hacer un recorrido o inspección por las bocas de expendio de cigarrillos en todo el territorio de la provincia de Salta y de esta forma tener una real magnitud de lo que está ocurriendo en  el sector del tabaco y de cigarrillo al consumidor final, que es donde verdaderamente se está produciendo el daño”, explicó.

“Y lo que realmente impacta y duele es que un salteño, un juez federal sea capaz de ocasionar semejante daño irreparable al Estado Salteño y por ende a sus ciudadanos”, finalizó.