La causa se originó por una denuncia de la ex interventora del sindicato, Gladys González, quien acusó a Suárez de haberse quedado con dinero del sindicato a través de empresas controladas por personas de su entorno como la Fundación Azul para el cuidado y la preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA; Mercantes SA; Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA; entre otras.

En la denuncia original, un desprendimiento de la causa por asociación ilícita, la ex interventora del SOMU había señalado que la Fundación Azul estuvo presidida por el propio Omar Suárez y tuvo como tesorera a su hijastra, María del Carmen Cabrera Peña. En el caso de Mercante SA, sostuvo que tenía entre sus accionistas al sobrino de “Caballo”, Jorge Suárez, y a Juan Manuel Medina, ex tesorero del SOMU.

El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó en su momento sin prisión preventiva a Suárez, al sobrino, al ex tesorero del sindicato, y los dueños y responsables legales de la empresa Maruba SA.

El ex titular del SOMU está acusado de haberse quedado con un porcentaje de Maruba SA, a través de otras empresas, y luego de haber cedido esas acciones a sus dueños originales.

La defensa del sindicalista apeló el procesamiento argumentando que “no existió intercambio de dinero” en ninguno de los dos hechos. Y criticó que el juez haya tomando como prueba “una fotocopia de un documento desconocido por diferentes imputados”. “La adquisición de la firma Maruba SA fue realizada por parte de todos los gremios del sector y no sólo por el S.O.M.U. y no hubo aporte de plata ya que esa transacción iba a realizarse mediante un préstamo garantizado tanto por los gremios como por la empresa”, sostuvo la defensa del “Caballo”.

La Cámara Federal decidió ahora revocar los procesamiento ante la falta de pruebas. “A criterio de esta Sala, la argumentación desarrollada por el magistrado de grado al respecto no alcanza -de momento- para sostener, con el grado de probabilidad que es propio del estadio procesal que transita este legajo, que la suma de más de cuatro millones de pesos -a la que se alude- haya sido introducida en el mercado a través de la operación de compra venta de las acciones antes referenciada”, dice el fallo.

Y agrega: "El único elemento de prueba sobre el cual el juez de grado apoya su hipótesis es un asiento registrado en el libro de accionistas de la firma Maruba S.A., de donde se desprende la existencia de dicha operación con la consigna de tal monto. Sin embargo, en el casillero contiguo a ese registro, se lee: “prenda en primer grado y usufructo sobre la totalidad de los derechos patrimoniales (comprendiendo toda suma de dinero que la sociedad deba abonar en virtud de las acciones)”.

La causa por lavado es un desprendimiento de la causa por asociación ilícita que está siendo juzgada por el Tribunal Oral Federal 4. En diciembre del año pasado, ese tribunal decidió liberar al gremialista, que se encontraba bajo arresto domiciliario. 

El TOF dispuso que permanezca en libertad, con tobillera con GPS y dispuso que no puede alejarse de un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia o ausentarse por más de 24 horas.

Histórico secretario general del SOMU, Suárez comenzó a dirigir el gremio en 1989 y estuvo hasta septiembre de 2016, cuando fue detenido. Le decían el sindicalista preferido de Cristina Kirchner.

Infobae