El abogado defensor del empresario Matías Huergo, Sebastián Espeche, consideró que la Justicia de Salta debería iniciar una investigación ante la intención de desacreditar la candidatura del actual gobernador Gustavo Sáenz, a través de una causa armada en la que su defendido es acusado.
Judiciales08/06/2020
Por Aries, Espeche no dudo en sostener que la causa por facturas apócrifas en contra del erario municipal fue “armada e inflada” ya que no había elemento para tener a Huergo más de 90 días detenido en la sede de la Policía Federal de Salta.
Destacó que la Justicia de Buenos Aires haya iniciado una causa en la que se investiga el espionaje y escuchas telefónicas, mientras una rama parecería que quiere comenzar a indagarse en Salta.
Espeche remarcó que como conclusión del caso es que “no hubo nada y no habrá nada”, por lo que ahora quiere determinar porqué y quién inició la causa contra Huergo.
Consideró necesario que la Justicia Federal en Buenos Aires se mantenga al frente de la causa por espionaje de llamadas, pero manifestó que lo relacionado a la intención de desacreditar la candidatura de un ciudadano a nivel provincial (como expresó fue el caso contra Gustavo Sáenz) eso es de competencia provincial.
“Podrían ir por andariveles distintos y reunirse en una sola causa”, sostuvo Espeche.
Resaltó que en la investigación hubo otros imputados como Anibal Anaquín y Arturo Mimessi, quienes quedaron envuelto, y nada tenían que ver, manchándose así su buen nombre.
Finalmente lamentó que a nivel autoridades municipales la supuesta causa por facturas apócrifas nunca haya avanzado.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
El mandatario consideró que “el que tiene plata tiene que pagar por la internación” y los que no, podrían realizar trabajo comunitario en lugares como centros de salud o escuelas. "A ustedes, ¿Qué les parece?", preguntó en sus redes sociales.
El Ministro de Turismo consideró que el gobierno nacional – a la hora de aplicar sus medidas – debe mirar para adentro y permitir a los emprendedores argentinos ganar competitividad.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.