Respaldo

Opinion 18 de mayo de 2020
Crece la presión de distintos sectores económicos para salvar el año en la Provincia. A través de distintas gestiones, están buscando especialmente la integración de un fondo de garantías, que les permita acceder a un imprescindible financiamiento. La demanda ha tenido distintas respuestas, que podrían agilizarse a partir de esta semana. En cualquier caso, la intervención legislativa es la clave.
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En su última sesión, la Cámara de Diputados volvió a comisión algunas iniciativas que apuntan a habilitar líneas de créditos blandos y el acceso a los mismos. Es sabido que las decisiones del Gobierno Nacional para apoyar a las empresas naufragaron en gran medida por la actitud de las entidades financieras, que se ajustaron a exigencias ordinarias sin atender la nueva realidad configurada por la pandemia del COVID-19.

En ese orden, se postergó el tratamiento de un proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a negociar líneas de créditos con el Banco Macro, bajo el amparo de la ley que amplió la vinculación financiera entre ambos. Esta iniciativa, que propone un fondo de garantía,  fue presentada por referentes de la oposición, que vienen trabajando diligentemente para acompañar al sector económico, a fin de salvar fuentes de trabajo, entre otros objetivos. En sus fundamentos, la iniciativa destaca que el Banco Macro es el agente financiero de la Provincia y por lo tanto, la entidad financiera con mayor alcance en todo el territorio; además, la ley que le otorga esta función al Banco, establece que debe promover líneas de créditos para Pymes. La pretensión es que se le exija un gran esfuerzo para dar ayuda en forma masiva con créditos a bajas tasas y plazos amplios. 

Otro proyecto de ley que seguramente va a  tener un tiempo en comisión es el que presentó el veterano legislador Pedro Sández, proponiendo crear el Instituto de Fomento y Desarrollo como entidad autárquica, con el objeto de promover el acceso al crédito de la Pequeña y Mediana Empresa. La intención es que cubra el espacio que dejaron entidades financieras privatizadas en la década del 90, que otorgaban créditos de fomento a los productores.

Por otro andarivel, un grupo de diputados de distintos sectores políticos recabaron la apreciación sobre este momento a dirigentes de entidades que representan al campo, la industria, la minería, el comercio y los servicios. Y en ese encuentro se afirmó la necesidad de un respaldo que permita acceder a financiamiento para revertir la caída de la actividad económica, sin que al cabo del mediano plazo constituya un salvavidas de plomo.

Precisamente se trata de uno de los aspectos que se pretende motorizar a través de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados. Autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse a través de un Programa de Letras por algo más de 7 mil millones de pesos, a fin de cumplir con obligaciones impostergables,  como vencimientos de deuda flotante pero también el pago de sueldos. Como garantía de las Letras, requiere la autorización legislativa para comprometer los fondos de la coparticipación federal.

El proyecto, que tendrá ingreso en la sesión de mañana de Diputados, podria servir para habilitar recursos para constituir un fondo de garantías para dar créditos blandos a las empresas salteñas. Esa puede ser una buena razón para lograr el consenso político que requiere un pedido de esa naturaleza.

Anticipa el postergado debate sobre el manejo financiero del Estado, ante la carencia del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. 

 Salta, 18 de mayo de 2020

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