La iniciativa fue presentada por una legisladora oficialista y declara la necesidad que el  Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, celebre convenios con las instituciones educativas de gestión privada para congelar los aranceles hasta que se concluya las medidas de aislamiento social y preventivo y obligatorio. Fue uno de los momentos más altos de un debate ordenado a los fines de asegurar un trámite fluido a sesiones que, por dicha emergencia, se trata de abreviar en el tiempo. 

El proyecto sugiere retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posteridad en la entrada en vigor de la Resolución 180/20 del Ministerio de Educación de la Nación, que dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los niveles desde el 16 de marzo último. Al fundamentar sus intenciones, la diputada Socorro Villamayor  manifestó que se busca tener una contemplación tanto con los padres de los alumnos que deben afrontar las cuotas, como con las instituciones que tienen una serie de obligaciones, incluyéndose entre las más importante el pago de sueldos de su personal docente.

La situación generada por la pandemia tiene muchas aristas que exceden el aspecto meramente sanitario, que no es menor dada la peligrosidad del virus que se ha expandido en el planeta, dejando su reguero de muerte. Sin embargo, el impacto económico se está visualizando cada vez con mayor rudeza porque ha golpeado incluso en los presupuestos más pequeños, que son los de las familias; además, ha instalado el fantasma de la desocupación que acota los proyectos a futuro en toda la estructura social. Y este aspecto no ha marginado a la educación privada, que suma este problema al otro que deberá resolver, cuando deba ajustarse a las disposiciones de reapertura de las clases.

Los establecimientos educativos, tanto confesionales como los administrados por grupos privados de distinta naturaleza, funcionan en base fundamentalmente del aporte de los padres que los eligen para la formación de sus hijos, en base al pago de cuotas. El pacto que se acuerda en cada período lectivo está alterado en este tiempo de confinamiento por lo que, y esto lo marcó la diputada autora del proyecto, los padres de los alumnos que asisten a los establecimientos privados están solicitando la baja de aranceles u otras medidas, como el congelamiento de las cuotas.

La intervención del Gobierno se torna fundamental porque es una tercera pata que asegura el equilibrio de un sistema subsidiario esencial para que el Estado cumpla con una de sus funciones más importantes, como es la educación. Y ya hay señales que ese equilibrio puede romperse.    

Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Estadísticas de la Provincia, que corresponden a 2017, el 23% de los alumnos de distintos niveles se matricularon en establecimientos privados de Salta. La mayor incidencia se refleja en el nivel segundario, que supera en un punto ese promedio. En Capital se registra la mayor actividad: el 50% de los alumnos pertenecen a ese sector. De allí el peso de lo expuesto anoche por la diputada Villamayor, quien reveló que ay un promedio de 10 solicitudes diarias de pases de alumnos de entidades privadas a públicas, lo que en total representa entre un 20 y un 25 del total de la matrícula.

El Poder Ejecutivo debe trabajar con urgencia en esta cuestión, para evitar el colapso de la educación pública.

Salta, 13 de mayo de 2020