El Gobierno endurece controles y analiza extender la cuarentena hasta el 27 de abril

Como anticipo de la tercera fase de cuarentena y para evitar una relajación de las medidas de aislamiento de cara al fin de semana largo, el Gobierno desplegó hoy más policía y retenes en los grandes centros urbanos e instrumentó un control más estricto de los permisos para circular. Los ministros Eduardo De Pedro (Interior) y Sabina Frederic (Seguridad) escenificaron la nueva política, poniéndose a la cabeza de operativos en la ruta 2.

Obsesionado por no retroceder en lo que considera una medida exitosa que está permitiendo "achatar la curva" de contagios, el Presidente desterró de su diccionario la palabra "flexibilización" y, en entrevistas que dio durante el día, insistió en que la cuarentena "va a seguir" y que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será incluso más estricta que hasta ahora. Si fuera por Alberto Fernández, comentaron en su entorno, la cuarentena seguiría casi sin cambios a partir del lunes.

Para evitar un éxodo turístico por Semana Santa, el Gobierno desplegó en las últimas horas 11.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, incluidos 600 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que quedaron sin actividad en los aeropuertos. Dos helicópteros sobrevolarán todas las zonas de acceso y egreso al AMBA, las autopistas y rutas nacionales. "El Presidente nos ha pedido al ministro del Interior y a mí que reforcemos los controles. Estamos supervisando los accesos a las zonas de la Costa Atlántica y de casas de fin de semana", dijo Frederic, al encabezar un operativo, en el peaje de Hudson.

Las característica de la tercera fase del confinamiento se definirá en las próximas horas, a partir de informes que los gobernadores le harán llegar a Fernández, tal como se acordó en la teleconferencia de ayer. Ya se sabe que no se retomarán las clases en ninguno de los tres niveles, ni tampoco la actividad de la administración pública. Los "levantamientos focalizados", como le gusta decir a Fernández, alcanzarán solo a actividades que no aumenten el uso del transporte público, dijo a LA NACION un funcionario que habla a diario con el Presidente.

Temor al transporte

En el equipo de Fernández ponen como ejemplo la obra pública y privada de baja escala, que suele nutrirse de trabajadores que viven en la zona y que se movilizan a pie o en bicicleta. Según la mirada del Gobierno, en esos casos no se produciría una congestión del transporte público, se les facilitaría el tránsito de la cuarentena a personas que viven en condiciones de hacinamientos y se les permitiría hacerse de un ingreso.

La idea no sería aplicable en los grandes centros urbanos. "El transporte público debe seguir vacío como hasta ahora, con muy poca gente", advirtió un funcionario que trabaja en la organización de la cuarentena. El Presidente puso como ejemplo que los colectivos no deberían llevar más de seis pasajeros a la vez .

Una vez que reciba los informes de los gobernadores, Fernández consultará los detalles con el comité de expertos. Ese contacto podría producirse el viernes. Solo a partir de esa conversación anunciará la prórroga del confinamiento y puntualizará las actividades que se incorporan a las excepciones.

El endurecimiento que se registrará en grandes centros urbanos podría tener su contracara en pueblos "muy chicos" que no haya registrado ningún caso de coronavirus. Para esos lugares, la Casa Rosada analiza, a pedido de algunos gobernadores, disponer una "cuarentena comunitaria". Los habitantes de esas localidades podrían volver a circular por las calles, siempre que se pueda garantizar que no entre ni salga nadie de esos pueblos.

"Algunos gobernadores plantearon que en pueblos muy chiquitos donde no hay ningún tipo de infección y donde se hayan hecho controles preventivos y no haya aparecido nada, han planteado una cuarentena comunitaria. Mientras nadie entra y salga, se podría flexibilizar un poco", detalló el Presidente, en una nota con Canal 13. El autor de la propuesta fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saà . Fernández prometió analizarlo, pero no avanzará sin el aval de los epidemiólogos.

La Nación