El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
Palabra
Con el ingreso por la Cámara de Senadores del proyecto de ley para que se declare la necesidad de la reforma constitucional, cierra una semana que tuvo precisamente en la apertura del período ordinario de sesiones un momento muy alto de institucionalidad. Una asamblea virtual rompió el cerco de la cuarentena para que las dos cámaras escucharan el mensaje sobre el estado de situación de la Provincia de parte del Gobernador.
Opinión03/04/2020
Gustavo Sáenz, en la oportunidad, ratificó su propósito de encarar tal reforma en cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña electoral. En realidad, es un proceso que se inició en mayo de 2018 cuando el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey se reunió con dirigentes de la oposición y acordó la conformación de una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de una reforma de la Constitución, entre otras modificaciones institucionales.
Un repaso de los discursos de campaña de Sáenz, especialmente en el tramo encarado entre octubre y noviembre de 20019 cuando se realizaron las PASO y las generales provinciales, no aparece la reforma como una bandera. Sus propuestas giraron en torno de “construir una Salta distinta”, como dijo en el cierre de su campaña en esta Capital, diferencia que especialmente montó respecto de sus adversarios, que venían con experiencia por haber formado parte de la alianza gobernante desde 2007.
Como sea, y de acuerdo a lo anticipado en su exposición del 1 de abril pasado, el proyecto ha comenzado a transitar los pasillos legislativos proponiendo, entre otros puntos, la limitación de los mandatos para garantizar la alternancia y un mejor funcionamiento de los órganos de control. El anuncio y el primer paso generaron críticas, especialmente por la oportunidad de una iniciativa de esa naturaleza.
Los cuestionamientos de mayor peso no pasan necesariamente por la ajenidad de la iniciativa respecto de las preocupaciones ciudadanas. Sabido es que la mayor parte, cuando no todos los argentinos, está atenta a la evolución de la pandemia del coronavirus y su impacto, que profundiza el descalabro económico de todas las actividades. En consecuencia ha comenzado a notarse hasta en el bolsillo más humilde, ese que se abre para comprar alimentos u otros productos de primera necesidad.
Las críticas más relevantes son las que advierten sobre los temas y el modo de encarar la reforma. Tanto en la gestión anterior como en la actual hubo una apertura a la opinión de algunos sectores que no tienen representación legislativa por no constituir partidos o por tratarse de corrientes sin base electoral como para llegar a las bancas. Pero tienen representatividad social o intelectual.
El proyecto girado no necesariamente contiene esas opiniones pero con seguridad sí lleva la intención del grupo en el poder de adecuar la Carta Magna a sus intereses. Por eso es que la pretensión enunciada como el fortalecimiento de la administración de justicia es una de las que más inquietudes ha despertado.
De allí que se ha marcado que las actuales circunstancias, dominadas por un aislamiento social obligatorio que no dejó exento al cuerpo legislativo, no son precisamente las recomendadas para el debate que exige la determinación de una reforma que escarba en los cimientos de esa construcción que se llama Provincia de Salta.
La única palabra empeñada que no debe incumplirse es la de lograr el bien común, fin último de la política.
Salta, 03 de abril de 2020
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