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Cuando el 1 de diciembre de 2019 se inició en la ciudad china de Wuhan un brote epidémico de Covid-19, una especie de neumonía, la Argentina no estaba en condiciones de centrar su atención en otra cuestión que no sea su crisis interna. Como dato positivo tenía el inminente cambio de gobierno. Luego se puso en el centro de la escena la emergencia social, que tuvo su ley que incluyó el impuesto PAIS, que se aplica sobre compras de bienes y divisas. El abrupto encarecimiento del dólar –que no se meneó como una devaluación del 30%- no dejó margen para observar otras cuestiones.

Luego de fiestas acompañadas con bonos y congelamiento de tarifas, se empezaron a conocer las cifras del hambre, ese que mata. Al 26 de enero, eran  seis los pequeños wichis informados como fallecidos hasta que la Procuración General de la Provincia mandó a investigar para el período comprendido ente el 1 y el 26 del primer mes del año, trece muertes de infantes. En el penúltimo día de ese arranque, se declaró la emergencia sociosanitaria para los departamentos de Orán, Tartagal y Rivadavia.

Muertes por desnutrición y coronavirus comenzaron a compartir cartelera. Las primeras estaban lejos del gran público y de los centros de poder; el segundo era la novedad y nada indicaba que mediara la pobreza en su propagación. Por eso es que la décima niña originaria muerta no pudo superar la confirmación que el coronavirus ya está en la Argentina. Ello así a pesar que también está en Chile, Brasil, Ecuador y en otros 72 países de distintos puntos del planeta.

El primer paciente que fue diagnostico con la nueva enfermedad está internado en un establecimiento sanitario de Recoleta, uno de los barrios más empinados de la Capital argentina, debidamente aislado y bajo absoluto control. Había llegado el domingo, de regreso de sus vacaciones por Europa y había viajado en primera clase desde Italia, una de las regiones más infectadas. Tiene 43 años.

La niña wichi tenía cinco años y la llevaron desde una comunidad de Pozo El Tigre pero llegó muerta al Hospital de Santa Victoria Este. Ni siquiera se puede asegurar si tenía o no riesgo nutricional porque necesitaba estudios que no pudieron realizarse.

Tampoco hay certeza si es la muerte número 10 en lo que va del año. Puede ser la 18, la 25 o la 32 porque los datos oficiales no son fiables a la hora de hacerse públicos; por eso el Ministerio Público investiga 13 sólo de enero. El protocolo de la cartera de Salud imponiendo restricciones en la difusión ha sido anulado pero sus efectos, quizás no. Puede ser la inercia de políticas de gestiones anteriores.

Pese a ello debe darse por cierto que los casos de dengue confirmados en Salta llegan a 160 y un poco menos de la mitad son autóctonos. Aunque haya un esfuerzo por morigerar el impacto de males endémicos por parte de funcionarios que vienen atravesando sucesivas gestiones, no deben abandonarse los cuidados ni bajar la guardia.

Salta, 04 de marzo de 2020