A días del inicio del período lectivo en la Provincia se ha trabajado en distintos aspectos en el afán de asegurar que las clases comiencen según el calendario escolar aprobado para este año. Nada está dicho aunque hay confianza en el gobierno educativo en que efectivamente no haya inconvenientes mientras paralelamente se desarrollan gestiones para cerrar negociaciones fundamentales, como las salariales.
Opinión25/02/2020
No es mucho lo que se conoce respecto de la política para el sector. Ni el ministro Matías Cánepa y mucho menos el gobernador Gustavo Sáenz dejaron trascender cuáles serán los pilares de la educación salteña, dentro –obviamente- lo que dispone la ley provincial. En principio, progresivamente se irán definiendo aspectos vinculados a cuestiones demandadas principalmente por los trabajadores y otras, aunque con menor perentoriedad, requeridas por la sociedad.
Entre estas últimas hay una que particularmente este año será nuevamente objeto de análisis, reclamos, apoyos y rechazos, según sean los sectores que se pronuncien. Se trata de la educación sexual que, luego de la aprobación de una ley abarcativa en 2006, tomó impulso en 2018 cuando los sectores más conservadores -para morigerar el impacto de su pronunciamiento sobre el aborto- asumieron el compromiso de impulsar la aplicación de la norma para evitar que haya razones para impulsar la interrupción voluntaria de un embarazo.
Alcanzado el objetivo del rechazo, de inmediato intentaron obstaculizar lo que no se aplicaba por indiferencia, desidia y hasta ignorancia de una sociedad que no suele comprometerse con ese tipo de problemáticas. Los esfuerzos no lograron tapar la realidad descripta con datos objetivos.
Por imperio de la Resolución 1004, aprobada hace un año, se incorporó la educación sexual en todos los niveles de la educación provincial. Uno de los primeros pasos dados fue la capacitación docente que, sobre el filo del fin del período lectivo, llevaron a ponderar el volumen de recurso humano preparado para encarar la formación de niños y adolescentes, a fin de romper una preocupante tendencia de crecimiento de embarazos precoces.
El entusiasmo por el egreso de cursos de postítulos se contrarresta con cifras que abruman y que tienen que ver con maternidad adolescente. Mientras la media nacional señala que un poco más del 13% de chicas entre 15 y 19 años son madres, en Salta ese porcentual trepa a casi el 19%, muy lejos del 5% de la Ciudad de Buenos Aires. Más grave aún, uno de los últimos informes de Unicef indica que el porcentaje de niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en Salta es uno de los más altos del país: tres de cada mil.
Estos datos se complementan con otros que dan cuentan de situaciones en las que priman la falta de información y una marcada carencia de formación. El 35% de la población adolescente inicia las relaciones sexuales sin protección y un 75% de los embarazos en esta franja etaria son no planificados. Si se suman los casos de abusos intrafamiliares y otras cuestiones de ese tenor, que sólo puede ser denunciadas en la medida que las víctimas asuman que se trata de tales, la educación sexual se impone como una necesidad que la escuela no puede soslayar.
La formación docente se debe profundizar y extender para que todos los operadores del sistema educativo tengan una sólida formación. Y se debe partir que en educación sexual no deben primar prejuicios ni deformaciones producidas por creencias, especialmente religiosas.
A días del inicio de clases no hay indicios que haya intenciones de ampliar o reducir los dos módulos semanales destinados al efecto. Pero hay que estar atentos al contenido, para evitar deformaciones tan o más nocivas que la ignorancia.
Salta, 25 de febrero
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.