A días del inicio del período lectivo en la Provincia se ha trabajado en distintos aspectos en el afán de asegurar que las clases comiencen según el calendario escolar aprobado para este año. Nada está dicho aunque hay confianza en el gobierno educativo en que efectivamente no haya inconvenientes mientras paralelamente se desarrollan gestiones para cerrar negociaciones fundamentales, como las salariales.
Opinión25/02/2020
No es mucho lo que se conoce respecto de la política para el sector. Ni el ministro Matías Cánepa y mucho menos el gobernador Gustavo Sáenz dejaron trascender cuáles serán los pilares de la educación salteña, dentro –obviamente- lo que dispone la ley provincial. En principio, progresivamente se irán definiendo aspectos vinculados a cuestiones demandadas principalmente por los trabajadores y otras, aunque con menor perentoriedad, requeridas por la sociedad.
Entre estas últimas hay una que particularmente este año será nuevamente objeto de análisis, reclamos, apoyos y rechazos, según sean los sectores que se pronuncien. Se trata de la educación sexual que, luego de la aprobación de una ley abarcativa en 2006, tomó impulso en 2018 cuando los sectores más conservadores -para morigerar el impacto de su pronunciamiento sobre el aborto- asumieron el compromiso de impulsar la aplicación de la norma para evitar que haya razones para impulsar la interrupción voluntaria de un embarazo.
Alcanzado el objetivo del rechazo, de inmediato intentaron obstaculizar lo que no se aplicaba por indiferencia, desidia y hasta ignorancia de una sociedad que no suele comprometerse con ese tipo de problemáticas. Los esfuerzos no lograron tapar la realidad descripta con datos objetivos.
Por imperio de la Resolución 1004, aprobada hace un año, se incorporó la educación sexual en todos los niveles de la educación provincial. Uno de los primeros pasos dados fue la capacitación docente que, sobre el filo del fin del período lectivo, llevaron a ponderar el volumen de recurso humano preparado para encarar la formación de niños y adolescentes, a fin de romper una preocupante tendencia de crecimiento de embarazos precoces.
El entusiasmo por el egreso de cursos de postítulos se contrarresta con cifras que abruman y que tienen que ver con maternidad adolescente. Mientras la media nacional señala que un poco más del 13% de chicas entre 15 y 19 años son madres, en Salta ese porcentual trepa a casi el 19%, muy lejos del 5% de la Ciudad de Buenos Aires. Más grave aún, uno de los últimos informes de Unicef indica que el porcentaje de niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en Salta es uno de los más altos del país: tres de cada mil.
Estos datos se complementan con otros que dan cuentan de situaciones en las que priman la falta de información y una marcada carencia de formación. El 35% de la población adolescente inicia las relaciones sexuales sin protección y un 75% de los embarazos en esta franja etaria son no planificados. Si se suman los casos de abusos intrafamiliares y otras cuestiones de ese tenor, que sólo puede ser denunciadas en la medida que las víctimas asuman que se trata de tales, la educación sexual se impone como una necesidad que la escuela no puede soslayar.
La formación docente se debe profundizar y extender para que todos los operadores del sistema educativo tengan una sólida formación. Y se debe partir que en educación sexual no deben primar prejuicios ni deformaciones producidas por creencias, especialmente religiosas.
A días del inicio de clases no hay indicios que haya intenciones de ampliar o reducir los dos módulos semanales destinados al efecto. Pero hay que estar atentos al contenido, para evitar deformaciones tan o más nocivas que la ignorancia.
Salta, 25 de febrero
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
Todo indica que el tiempo de las negociaciones ha concluido. Aquello que no se cerró en ese plano, queda para el debate en el recinto parlamentario,
Se ha completado el proceso de renovación de cuerpos legislativos en la Provincia. Se han integrado los concejos deliberantes en los municipios y han quedado en evidencia algunas debilidades del sistema institucional.
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