A días del inicio del período lectivo en la Provincia se ha trabajado en distintos aspectos en el afán de asegurar que las clases comiencen según el calendario escolar aprobado para este año. Nada está dicho aunque hay confianza en el gobierno educativo en que efectivamente no haya inconvenientes mientras paralelamente se desarrollan gestiones para cerrar negociaciones fundamentales, como las salariales.
Opinión25/02/2020
No es mucho lo que se conoce respecto de la política para el sector. Ni el ministro Matías Cánepa y mucho menos el gobernador Gustavo Sáenz dejaron trascender cuáles serán los pilares de la educación salteña, dentro –obviamente- lo que dispone la ley provincial. En principio, progresivamente se irán definiendo aspectos vinculados a cuestiones demandadas principalmente por los trabajadores y otras, aunque con menor perentoriedad, requeridas por la sociedad.
Entre estas últimas hay una que particularmente este año será nuevamente objeto de análisis, reclamos, apoyos y rechazos, según sean los sectores que se pronuncien. Se trata de la educación sexual que, luego de la aprobación de una ley abarcativa en 2006, tomó impulso en 2018 cuando los sectores más conservadores -para morigerar el impacto de su pronunciamiento sobre el aborto- asumieron el compromiso de impulsar la aplicación de la norma para evitar que haya razones para impulsar la interrupción voluntaria de un embarazo.
Alcanzado el objetivo del rechazo, de inmediato intentaron obstaculizar lo que no se aplicaba por indiferencia, desidia y hasta ignorancia de una sociedad que no suele comprometerse con ese tipo de problemáticas. Los esfuerzos no lograron tapar la realidad descripta con datos objetivos.
Por imperio de la Resolución 1004, aprobada hace un año, se incorporó la educación sexual en todos los niveles de la educación provincial. Uno de los primeros pasos dados fue la capacitación docente que, sobre el filo del fin del período lectivo, llevaron a ponderar el volumen de recurso humano preparado para encarar la formación de niños y adolescentes, a fin de romper una preocupante tendencia de crecimiento de embarazos precoces.
El entusiasmo por el egreso de cursos de postítulos se contrarresta con cifras que abruman y que tienen que ver con maternidad adolescente. Mientras la media nacional señala que un poco más del 13% de chicas entre 15 y 19 años son madres, en Salta ese porcentual trepa a casi el 19%, muy lejos del 5% de la Ciudad de Buenos Aires. Más grave aún, uno de los últimos informes de Unicef indica que el porcentaje de niñas y adolescentes de 10 a 14 años embarazadas en Salta es uno de los más altos del país: tres de cada mil.
Estos datos se complementan con otros que dan cuentan de situaciones en las que priman la falta de información y una marcada carencia de formación. El 35% de la población adolescente inicia las relaciones sexuales sin protección y un 75% de los embarazos en esta franja etaria son no planificados. Si se suman los casos de abusos intrafamiliares y otras cuestiones de ese tenor, que sólo puede ser denunciadas en la medida que las víctimas asuman que se trata de tales, la educación sexual se impone como una necesidad que la escuela no puede soslayar.
La formación docente se debe profundizar y extender para que todos los operadores del sistema educativo tengan una sólida formación. Y se debe partir que en educación sexual no deben primar prejuicios ni deformaciones producidas por creencias, especialmente religiosas.
A días del inicio de clases no hay indicios que haya intenciones de ampliar o reducir los dos módulos semanales destinados al efecto. Pero hay que estar atentos al contenido, para evitar deformaciones tan o más nocivas que la ignorancia.
Salta, 25 de febrero
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
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