¿Para qué traer el tema a este recinto?, fue la pregunta de una legisladora oficialista que operó como repuesta al reclamo de la oposición de priorizar el tratamiento de la emergencia sociosanitaria del norte por sobre cualquier otra iniciativa en la primera –y quizás única- sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. El planteo atravesó todo el debate del cuerpo, desarrollado este martes para dar media sanción a tres proyectos de ley girados por el Ejecutivo.
Opinión 12/02/2020
Los bloques afines al gobernador Gustavo Sáenz impusieron su número, no solo para aprobar una moratoria y un monotributo, además de la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia. Con inquietantes fundamentos, justificaron la decisión de no proceder al análisis del DNU emitido a fines de enero para encarar la dramática situación de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, que se vincula a la muerte de infantes originarios y criollos.
La primera razón expuesta fue la del propio Presidente de la Cámara, quien se parapetó en la medida adoptada en ese sentido en común acuerdo con el titular del Senado y con los presidentes de las distintas bancadas. La amplia consulta fue desmentida por los bloques que habían reclamado formalmente el tratamiento de la emergencia y declararon ayer no haber recibido convocatoria a reunión alguna para tratar el tema.
Otros voceros se enfocaron en la necesidad de dejar hacer a un Gobernador obligado a resolver un problema de larga data. También advirtieron que el tratamiento no tendría mayor sentido habida cuenta que difícilmente algún legislador se atrevería a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia. De las afirmaciones vertidas en el debate quedó en claro que para los diputados, las crisis son justificativos.
Una de las exposiciones más acabadas en ese orden fue la de la diputada Socorro Villamayor, del bloque Salta tiene Futuro, quien no eludió reconocer que hubo gobiernos que han desatendido la vulnerabilidad de la población radicada en esa zona postergada pero en nombre de posibles soluciones endeudaron a la Provincia, incluso tomando un empréstito en dólares, prometiendo obras bajo tierra y “allí no están ni las obras ni los dólares”, dijo. Tomó así parte de las acusaciones que se vertieron, especialmente por el manejo irregular del Fondo de Reparación Histórica.
Frente a la embestida opositora, el oficialismo no tuvo reparos en asumir la cesión de facultades que, con el amparo de la Constitución para situaciones de excepción, se hace a favor del Poder Ejecutivo. Le alcanza con que el DNU haya sido girado a las Cámaras y en tanto se dispone su análisis, está plenamente operativo. Esa es la virtud de este recurso extraordinario que se justifica en emergencias. A propósito, Villamayor trajo a colación un fallo de la Suprema Corte de Justicia en un amparo contra el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina, en la que Luis Peralta y otros tenedores de bonos peticionaron la declaración de inconstitucionalidad de un decreto que consideraron violatorio de sus derechos patrimoniales. En ese marco, el Superior Tribunal dijo que “cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador ni de excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad”.
No tan calvo que se le vean los sesos, dice la sabiduría popular. Y así debiera considerar la Legislatura la cesión de sus facultades para no caer en renunciamiento.
Salta, 12 de febrero de 2020
La universidad pública de gestión estatal fue condenada a cumplir su tarea sin recursos y ha resuelto resistir. La decisión incluye al conjunto de sus miembros y le da cabida a la sociedad en general, porque es una herramienta esencial para el desarrollo y no se puede abandonar.
En su tercera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados avanzó en lo que puede considerarse un primer capítulo de una reforma política que fuera mencionada como impostergable por el Gobernador de la Provincia. Si efectivamente se trabaja en pos de ese objetivo, pueden repetirse iniciativas de esa naturaleza durante este período.
El Gobierno Nacional ordenó a las empresas de medicina prepaga que retrotraigan los aumentos abusivos que impusieron a sus afiliados a valores de diciembre y devuelvan el dinero excedente que ya fue cobrado.
No cierra bien la novena semana del nuevo gobierno nacional. La conducción económica dice que todo lo planeado está ocurriendo pero las provincias denuncian retrocesos significativos en sus economías. Los vínculos entre la Presidencia y los gobernadores están resentidos; con el Congreso, tampoco son buenos.
Sin mayores inconvenientes, el Gobierno Provincial se va a endeudar por 40 mil millones de pesos.
Fueron las dos caras de una misma moneda. En el hemisferio norte, una delegación argentina este jueves recibió apoyo en garantías para inversores, en tanto que en el Congreso Nacional, decenas de diputados hicieron un gran esfuerzo por marcar diferencias internas.
En un documento dieron el ultimátum hasta el viernes. Insisten con la actualización del precio del kilómetro.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
Pronostican que algunos sectores económicos repuntarán en 6 meses y que los aumentos de sueldos llegarán a partir del año que viene.
Apuntan a los bloques “dialoguistas” con el gobierno nacional de Javier Milei. La sesión especial había sido promovida por el Frente de Todos.
Será a partir de convenios firmados por el intendente, Emiliano Durand y la secretaría de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini. Además, se estableció un trabajo conjunto para el control de extracciones ilegales en los ríos que son jurisdicción de la ciudad.