Los bloques afines al gobernador Gustavo Sáenz impusieron su número, no solo para aprobar una moratoria y un monotributo, además de la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia. Con inquietantes fundamentos, justificaron la decisión de no proceder al análisis del DNU emitido a fines de enero para encarar la dramática situación de los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, que se vincula a la muerte de infantes originarios y criollos.

La primera razón expuesta fue la del propio Presidente de la Cámara, quien se parapetó en la medida adoptada en ese sentido en común acuerdo con el titular del Senado y con los presidentes de las distintas bancadas. La amplia consulta fue desmentida por los bloques que habían reclamado formalmente el tratamiento de la emergencia y declararon ayer no haber recibido convocatoria a reunión alguna para tratar el tema.

Otros voceros se enfocaron en la necesidad de dejar hacer a un Gobernador obligado a resolver un problema de larga data. También advirtieron que el tratamiento no tendría mayor sentido habida cuenta que difícilmente algún legislador se atrevería a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia. De las afirmaciones vertidas en el debate quedó en claro que para los diputados, las crisis son justificativos.

Una de las exposiciones más acabadas en ese orden fue la de la diputada Socorro Villamayor, del bloque Salta tiene Futuro, quien no eludió reconocer que hubo gobiernos que han desatendido la vulnerabilidad de la población radicada en esa zona postergada pero en nombre de posibles soluciones endeudaron a la Provincia, incluso tomando un empréstito en dólares, prometiendo obras bajo tierra y “allí no están ni las obras ni los dólares”, dijo. Tomó así parte de las acusaciones que se vertieron, especialmente por el manejo irregular del Fondo de Reparación Histórica.

Frente a la embestida opositora, el oficialismo no tuvo reparos en asumir la cesión de facultades que, con el amparo de la Constitución para situaciones de excepción, se hace a favor del Poder Ejecutivo. Le alcanza con que el DNU haya sido girado a las Cámaras y en tanto se dispone su análisis, está plenamente operativo. Esa es la virtud de este recurso extraordinario que se justifica en emergencias. A propósito, Villamayor trajo a colación un fallo de la Suprema Corte de Justicia  en un amparo contra el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina, en la que Luis Peralta y otros tenedores de bonos peticionaron la declaración de inconstitucionalidad de un decreto que consideraron violatorio de sus derechos patrimoniales. En ese marco, el Superior Tribunal dijo que “cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador ni de excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad”. 

No tan calvo que se le vean los sesos, dice la sabiduría popular. Y así debiera considerar la Legislatura la cesión de sus facultades para no caer en renunciamiento. 

Salta, 12 de febrero de 2020