Extraordinarias

Opinion 10 de febrero de 2020
No cesan de morir. La cuenta debe cerrar pero hay que ayudar a no menos de seis niños en el área operativa de salud número 8, de Santa Victoria Este, que según autoridades sanitarias tienen alta vulnerabilidad y son menores de un año , Otros 13, entre uno y seis años, también corren severos de riesgos de fenecer.
Legislatura Salta-640

Tienen en común el bajo peso, un dato que no permite disimular los estragos que hacen el hambre y la mala nutrición en la zona, donde la semana hábil anterior cerró con el fallecimiento de una menor de cinco años, elevando a siete el número de infantes muertos en lo que va de este gobierno.

La emergencia socio sanitaria ha sido declarada el 29 de enero, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia y por alguna razón no será tratada, como manda la Constitución, por la Legislatura. El propio presidente del Senado y vicegobernador Antonio Marocco consideró que su sanción cumplió exigencias  de la Carta Magna y que no habrá oposición a lo que está haciendo el Ejecutivo Provincial en los tres departamentos puestos en la situación especial.

Seguramente nadie quita el carácter urgente de la demanda que impone la muerte de casi una decena de personas –la  mayoría niños- por falta de alimentación en el norte de la Provincia. No menos cierto es que los constituyentes reconocieron razones de pesos cuando dispusieron que la Legislatura controle el ejercicio extraordinario de funciones que le competen por parte del Ejecutivo. Sin esa intervención perdería su eficacia, frente a lo cual nada puede sustraer a las Cámaras de su obligación.

Y hay interés por debatir la cuestión, sin ánimo de provocar demoras a la tarea en marcha. La mera declaración de la emergencia no asegura la diligencia que amerita la situación y sí puede dejar flancos débiles en los que golpee la impericia, como la que se le adjudica a la actual ministra de Salud.

El hecho que precisamente el estado de emergencia faculte al gobernador a disponer de partidas extraordinarias para resolver las exigencias que genera obliga a tomar recaudos para no complicar aún más una situación de por sí difícil. De allí el propósito de un sector político de proponer el funcionamiento de una comisión de monitoreo para hacer un seguimiento de recursos pero fundamentalmente de los resultados de las acciones.

Cabe al respecto destacar las sospechas sobre estadísticas dadas a conocer por la anterior gestión, que precisamente montó el éxito de tres mandatos en el mejoramiento de la situación social, expresado –por ejemplo- en la reducción de la mortalidad infantil. Esas afirmaciones no explican cifras que citando a fuentes vinculadas al área de Salud fueron dadas a conocer por el portal digital Cuarto Poder el pasado fin de semana y que ubican por encima de 200 las muertes anuales de niños, de entre 1 y 4 años de edad, en 2018 y 2019. Buena parte de esos decesos estuvieron relacionados directamente con la malnutrición y otros se vinculan indirectamente a esa causa.

Los titulares de ambas Cámaras tienen dicho que en las sesiones de mañana y la próxima semana en el marco del período extraordinario no se incluirá la emergencia. Pero todo parece indicar que el DNU que la dispone será una referencia obligada, incluso para fundamentar la aprobación o el rechazo de proyectos en los que el Ejecutivo tiene cifradas expectativas  con vistas a mejorar posiciones económicas y políticas.

 

Salta, 10 de febrero de 2020

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