Tras seis años de trabajo, venció el mandato de María Inés Diez al frente de la Defensoría General. Es una de las tres grandes ramas en las que se divide el Ministerio Público que, a su vez, es parte del sistema de administración de Justicia.
Opinión14/01/2020
El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes. Sin señales sobre su continuidad –lo que anticipa su reemplazo- Diez presentó un balance detallado de su gestión, cuyo objetivo fue el de acercar la Justicia al más vulnerable y ponerla a su disposición en los momentos más difíciles. Precisó que se protegieron derechos de familia, civiles, para víctimas de violencia familiar y de género y penales. Según su informe se llegó a los lugares más alejados de las cabeceras distritales para que cada salteño que necesitara de la asistencia de la Defensoría pudiera encontrar siempre a su disposición.
Junto a la cobertura de la vacancia de Guillermo Posadas en la Corte, son dos designaciones pendientes de resolución por parte del Ejecutivo Provincial. No se trata de decisiones administrativas; su carácter político es indiscutible y se observa con atención en los ámbitos especializados.
La importancia de los cargos a cubrir justifica lo que al perecer es el extremo cuidado con el que el gobernador Gustavo Sáenz está tratando la cuestión. Ocupado en la resolución de urgencias, está demorando la nominación de los candidatos a ambos cargos pese a la danza de nombres que han generado las vacancias.
Un dato es sumamente significativo. En los seis años de gestión, informó Diez que hubo contacto de la Defensoría General con unos 450 mil salteños que concurrieron por diversas razones, a través de los distintos puntos de atención en el territorio provincial.
La gama de temas que se atienden sorprende por su amplitud y la trascendencia social. El parámetro no es siempre la falta de recursos económicos, explicó antes de dejar su tarea. Es que una de las cuestiones que ocuparon de manera creciente a los defensores –y seguramente se mantendrá la tendencia, intensificada por la crisis económico social- se vincula a la violencia social, puntualmente la familiar. En ese orden, la violencia extrema incrementa la vulnerabilidad de una persona lo que se ha probado a través de mujeres que repiten el círculo de denuncia al violento y el inmediato retiro de la misma por necesidad económica.
Este tipo de situaciones son cotidianas en ese ámbito, lo que lleva a que se observen los casos con sentido social y se exhiba una concepción de la vulnerabilidad que no tiene la justicia. Con esos parámetros surgirá el nombre de que quien será el postulante a la Defensoría, en el entendimiento que hay situaciones sociales que, por más extrema que resulten, no se resuelven con obras ni con paliativos asistenciales.
La determinación de las atribuciones y deberes de la Defensoría General que realiza la ley orgánica del Ministerio Público habla de la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos, de las que están ausentes o fueren declarados como tales en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos. Pero no dice demasiado sobre lo que representa la vulnerabilidad, que a veces va más allá de no contar con medios materiales.
Hay quienes no tienen ni oportunidad de seguir viviendo.
Salta, 14 de enero de 2020
Comenzó a funcionar la rueda de los cambios que, en algunas áreas, se llaman de segunda generación. Son más profundos y exigen un debate a fondo, que se trata de eludir. Propuestos desde el gobierno nacional tienen fuerte impacto en las provincias. Así abrió el 2026.
Otro año se cierra y deja sus lecciones para que las aprendan aquellos que tienen grandes responsabilidades en cada sociedad. Pero también deben ser atendidas por quienes integran las comunidades esparcidas en el planeta. Es el momento de asumir que ni un país ni un hombre tienen la centralidad sino que hay una dependencia absoluta entre todos.
El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
La Argentina empezará esta semana el 2026 con presupuesto. Corresponde la mención porque no es lo que ocurrió en 2024 ni en este año, durante los que se prorrogó la vigencia del último esquema de gastos y recursos aprobado en 2022, para el ejercicio fiscal 2023.
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
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