Tras seis años de trabajo, venció el mandato de María Inés Diez al frente de la Defensoría General. Es una de las tres grandes ramas en las que se divide el Ministerio Público que, a su vez, es parte del sistema de administración de Justicia.
Opinión14/01/2020
El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes. Sin señales sobre su continuidad –lo que anticipa su reemplazo- Diez presentó un balance detallado de su gestión, cuyo objetivo fue el de acercar la Justicia al más vulnerable y ponerla a su disposición en los momentos más difíciles. Precisó que se protegieron derechos de familia, civiles, para víctimas de violencia familiar y de género y penales. Según su informe se llegó a los lugares más alejados de las cabeceras distritales para que cada salteño que necesitara de la asistencia de la Defensoría pudiera encontrar siempre a su disposición.
Junto a la cobertura de la vacancia de Guillermo Posadas en la Corte, son dos designaciones pendientes de resolución por parte del Ejecutivo Provincial. No se trata de decisiones administrativas; su carácter político es indiscutible y se observa con atención en los ámbitos especializados.
La importancia de los cargos a cubrir justifica lo que al perecer es el extremo cuidado con el que el gobernador Gustavo Sáenz está tratando la cuestión. Ocupado en la resolución de urgencias, está demorando la nominación de los candidatos a ambos cargos pese a la danza de nombres que han generado las vacancias.
Un dato es sumamente significativo. En los seis años de gestión, informó Diez que hubo contacto de la Defensoría General con unos 450 mil salteños que concurrieron por diversas razones, a través de los distintos puntos de atención en el territorio provincial.
La gama de temas que se atienden sorprende por su amplitud y la trascendencia social. El parámetro no es siempre la falta de recursos económicos, explicó antes de dejar su tarea. Es que una de las cuestiones que ocuparon de manera creciente a los defensores –y seguramente se mantendrá la tendencia, intensificada por la crisis económico social- se vincula a la violencia social, puntualmente la familiar. En ese orden, la violencia extrema incrementa la vulnerabilidad de una persona lo que se ha probado a través de mujeres que repiten el círculo de denuncia al violento y el inmediato retiro de la misma por necesidad económica.
Este tipo de situaciones son cotidianas en ese ámbito, lo que lleva a que se observen los casos con sentido social y se exhiba una concepción de la vulnerabilidad que no tiene la justicia. Con esos parámetros surgirá el nombre de que quien será el postulante a la Defensoría, en el entendimiento que hay situaciones sociales que, por más extrema que resulten, no se resuelven con obras ni con paliativos asistenciales.
La determinación de las atribuciones y deberes de la Defensoría General que realiza la ley orgánica del Ministerio Público habla de la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos, de las que están ausentes o fueren declarados como tales en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos. Pero no dice demasiado sobre lo que representa la vulnerabilidad, que a veces va más allá de no contar con medios materiales.
Hay quienes no tienen ni oportunidad de seguir viviendo.
Salta, 14 de enero de 2020
La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.
La Argentina atraviesa una etapa de pérdida de soberanía y dignidad nacional, pero hay que confiar en que la convivencia democrática siga garantizando el derecho a pensar distinto.
No se elegía Presidente, no se elegía Gobernador, pero la legitimidad de cada uno de ellos estaba en juego.
Un millón 111 mil 29 ciudadanos salteños están convocados a votar este domingo para renovar parcialmente el Congreso de la Nación. Si superan los 700 mil y más allá de lo que decidan, se considerará que han dado muestra de madurez cívica al cumplir cabalmente su deber cívico.
La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.
De nada servirán ya las operaciones, las encuestas ni las lapiceras. Es el turno de la sociedad real. Estamos a días de unas elecciones cruciales para el futuro del país. El domingo nos encontraremos sin intermediarios con el reflejo directo de la voluntad popular frente al intenso momento de crisis que se vive a nivel nacional. Los salteños, que siempre damos más de lo que recibimos, tenemos la oportunidad de hacernos escuchar y respetar.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.