Vulnerabilidad

Opinion 14 de enero de 2020
Tras seis años de trabajo, venció el mandato de María Inés Diez al frente de la Defensoría General. Es una de las tres grandes ramas en las que se divide el Ministerio Público que, a su vez, es parte del sistema de administración de Justicia.
maria ines diez

El Ministerio Público de la Defensa  tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes. Sin señales sobre su continuidad –lo que anticipa su reemplazo- Diez presentó un balance detallado de su gestión, cuyo objetivo fue el de acercar la Justicia al más vulnerable y ponerla a su disposición en los momentos más difíciles. Precisó que se protegieron derechos de familia, civiles, para víctimas de violencia familiar y de género y penales. Según su informe se llegó a los lugares más alejados de las cabeceras distritales para que cada salteño que necesitara de la asistencia de la Defensoría pudiera encontrar siempre a su disposición. 

Junto a la cobertura de la vacancia de Guillermo Posadas en la Corte, son dos designaciones pendientes de resolución por parte del Ejecutivo Provincial. No se trata de decisiones administrativas; su carácter político es indiscutible y se observa con atención en los ámbitos especializados. 

La importancia de los cargos a cubrir justifica lo que al perecer es el extremo cuidado con el que el gobernador Gustavo Sáenz está tratando la cuestión. Ocupado en la resolución de urgencias, está demorando la nominación de los candidatos a ambos cargos pese a la danza de nombres que han generado las vacancias.

Un dato es sumamente significativo. En los seis años de gestión, informó Diez que hubo contacto de la Defensoría General con unos 450 mil salteños que concurrieron por diversas razones, a través de los distintos puntos de atención en el territorio provincial. 

La gama de temas que se atienden sorprende por su amplitud y la trascendencia social. El parámetro no es siempre la falta de recursos económicos, explicó antes de dejar su tarea. Es que una de las cuestiones que ocuparon de manera creciente a los defensores –y seguramente se mantendrá la tendencia, intensificada por la crisis económico social- se vincula a la violencia social, puntualmente la familiar. En ese orden, la violencia extrema incrementa la vulnerabilidad de una persona lo que se ha probado a través de mujeres que repiten el círculo de denuncia al violento y el inmediato retiro de la misma por necesidad económica.

Este tipo de situaciones son cotidianas en ese ámbito, lo que lleva a que se observen los casos con sentido social y se exhiba una concepción de la vulnerabilidad que no tiene la justicia. Con esos parámetros surgirá el nombre de que quien será el postulante a la Defensoría, en el entendimiento que hay situaciones sociales que, por más extrema que resulten, no se resuelven con obras ni con paliativos asistenciales.

La determinación de las atribuciones y deberes de la Defensoría General que realiza la ley orgánica del Ministerio Público habla de la defensa de los derechos de las personas de escasos recursos, de las que están ausentes o fueren declarados como tales en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos. Pero no dice demasiado sobre lo que representa la vulnerabilidad, que a veces va más allá de no contar con medios materiales.

Hay quienes no tienen ni oportunidad de seguir viviendo.

Salta, 14 de enero de 2020

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