Confirmaron el desdoblamiento de la investigación por facturas truchas

La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la causa que investiga hechos de corrupción en la gestión anterior de Municipalidad de Salta y en una prestadora de la Provincia permanecerán en la justicia provincial como había determinado el Juez Federal Julio Bavio en un fallo de primera instancia.

Ese fallo, de mayo del año pasado, disponía que las maniobras irregulares tendientes a la evasión de impuestos permanezcan en el fuero federal, mientras que los cobros por trabajos no realizados sean investigados por la justicia provincial.

En aquella oportunidad, el Juez Bavio dispuso que “competen a la Justicia federal los presuntos delitos en infracción a la ley penal tributaria en perjuicio del erario público nacional" y "serán de la órbita de la justicia provincial los supuestos delitos de fraude a la administración pública en desmedro de las arcas de la municipalidad de la ciudad de Salta y de la provincia de Salta", en los que también se habrían cometido los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, violación de los deberes de funcionario público”.

El 2 de junio de 2019 Bavio remitió a la justicia provincial las actuaciones referidas al fraude a la administración pública para que continuara la investigación. Sin embargo, en este ámbito se decidió, de manera extraordinaria, suspender todo trámite hasta que Casacion resolviera los recursos en contra del desdoblamiento de la causa. Ahora, ya con la decisión del máximo tribunal penal de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de Salta deberá avanzar en la investigación.

Estas actuaciones se originaron en una investigación de la AFIP, organismo que denunció haber advertido que la firma SECSA, que "tuvo como único cliente a la Municipalidad de la ciudad de Salta (...), facturó altas sumas de dinero sin contar con la capacidad operativa para cumplir con la construcción, venta y prestación del servicio de fabricación y colocación de farolas".

La fiscalía  y la AFIP, que es querellante en este proceso, recurrieron a Casación para apelar la resolución de Bavio. Sin embargo, el pedido fue rechazado porque "no cumplían con los requisitos previstos para este trámite".