Tras ocho años, la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad sigue dando vueltas en reclamo de justicia en unos 200 casos de crímenes que no fueron resueltos correctamente o, incluso, ni siquiera registraron avances. El lapso se corresponde con la gestión de Pablo López Viñals al frente de la Procuración, por lo que su reemplazo generó fuertes expectativas.
A un poco más de dos meses de gestión, Abel Cornejo ha logrado reencarrilar investigaciones, avanzar hacia juicios, reabrir causas y contener a familias que sufrieron dolorosas pérdidas, abriendo las puertas de un despacho inaccesible. Esa actividad no tiene aún grandes resultados pero el avance está poniendo en evidencia la necesidad de cambios de prácticas de fiscales, quienes dirigen las investigaciones. Asimismo, ha puesto al funcionario judicial en el ojo de un huracán.
En el equipo que comanda Cornejo descolla el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, conocido popularmente como C.I.F.; ello no solo por la función que tiene sino por el prestigio adquirido a partir de su intervención en casos de trascendencia pública nacional. La Ley 7665, orgánica del CIF, vigente desde junio de 2011, establece que le corresponde prestar asistencia a las Fiscalías Correccionales en el trámite del procedimiento sumario y durante la etapa plenaria del proceso y prestar auxilio a los Agentes Fiscales y Fiscales de Cámara en lo Criminal para el mejor cumplimiento de las funciones que la Ley les confiere en el trámite de la instrucción formal y en el juicio, respectivamente. Su intervención se produce a instancias del fiscal interviniente.
La efervescencia generada por el malestar del Procurador llevó a que se desplazara a la directora del CIF y se procediera a la apertura de un sumario administrativo. La posición crítica adoptada por Cornejo generó rispideces por la afectación de la imagen bien cuidada de un equipo especializado que obligó a que debiera aclarar el alcance de estos movimientos.
En la puerta del despacho parlamentario que lo acogió en el Senado dejó en claro que sus decisiones no apuntan a la capacidad técnica de los profesionales del CIF pero sí marcó la necesidad de un cambio interno respecto de la necesidad de que todas sus áreas generen una interacción más dinámica entre sí, actuando bajo el paradigma de un gabinete interdisciplinario y como unidad de investigación. No quiere un laboratorio que se limite a producir o analizar pruebas.
En tanto haya una resolución legislativa, con reuniones catárticas y una comisionada al frente del organismo se pretende que no se repita una situación polémica generada por el caso de Cristian Gallardo, un joven que murió luego de ser detenido y por el que hay cuatro policías detenido acusados de homicidio culposo.
Seguramente, el próximo ajuste será el mejoramiento de la interrelación con un tercer elemento fundamental en toda investigación criminal, la policía. Lo que hasta ahora se vio es la punta de un iceberg.
Salta, 05 de septiembre de 2019