Perspectiva

Es la primera vez que se va a aplicar la reforma del Código Electoral Nacional, que incluyó el debate presidencial obligatorio en el capítulo de la campaña electoral. Y para esta ocasión se  eligió el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, institución que celebra este año un siglo de vida. Además, ya tiene un lugar relevante en la historia política del país, ya que fue el espacio donde se realizó la reforma de la Constitución Nacional, en 1994.

La obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, ha sido establecida con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. Alcanza a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

No existe en la Argentina una tradición en materia de debates presidenciales. En 2015 hubo dos pero fueron el resultado de una iniciativa privada, llevada adelante por Argentina Debate, integrada por un grupo de organizaciones sociales y se realizaron en de la Facultad de Derecho de la UBA. Del primero, antes de la general de octubre, participaron todos los postulantes a presidente, a excepción del candidato del Frente para la Victoria. El segundo fue en noviembre, días antes del balotaje y fue protagonizado por Mauricio Macri y Daniel Scioli, que en esa ocasión aceptó concurrir. Con el paso del tiempo, reconoció como error su primera ausencia.

Según la ley que tornó obligatorios estos debates deben realizarse entre 7 y 20 días antes de la elección presidencial; esto es, entre el 13 y 20 de octubre. La Cámara Electoral Nacional ya visitó el lugar asignado para el primero de ellos, que debe hacerse en  la capital de una provincia del interior del país; el que tiene que realizarse en la Capital Federal, aún no tiene espacio.

Otra decisión ya adoptada es que sea Argentina Debate la organización que participe en el armado de estos encuentros, que exigen un serie de acciones previas, como las reuniones entre representantes de los participantes para fijar la metodología y los temas a desarrollar. Precisamente, en la Acordada Extraordinaria de abril pasado, a través de la cual la Justicia Electoral pidió la habilitación de los fondos para llevar adelante todo el proceso electoral, advirtió que el debate presidencial corre riesgo si no hay dinero para avanzar en su organización.

La obligatoriedad, cuyo incumplimiento se sanciona con la pérdida de espacios de publicidad audiovisual, es rigurosa. La ley impone que el espacio físico asignado a un candidato ausente no debe ocuparse. El vacío debe quedar en evidencia ante el electorado que lo podrá seguir a través de los medios del sistema público de comunicación y de cualquier otro que quiera participar. De allí que el anticipo del kirchnerista Alberto Fernández, de no debatir con el actual presidente si va por su reelección, puede ser un gesto político con alto costo. 

La intención que tienen los debates apunta a favorecer a la ciudadanía y no a los candidatos, lo que lleva a que la decisión de incumplir la ley debe tomarse desde esa perspectiva.

Salta, 06 de junio de 2019