Dos debates presidenciales se realizarán este año y quizás un tercero, para el caso que haya balotaje. Así lo establece la Ley 27.337, sancionada en noviembre de 2016, que los ha tornado obligatorios. Fuera de la atención masiva, ya se ha avanzado en detalles para su realización. Uno de ellos tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, una opción debidamente fundada.
Opinión06/06/2019
Es la primera vez que se va a aplicar la reforma del Código Electoral Nacional, que incluyó el debate presidencial obligatorio en el capítulo de la campaña electoral. Y para esta ocasión se eligió el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, institución que celebra este año un siglo de vida. Además, ya tiene un lugar relevante en la historia política del país, ya que fue el espacio donde se realizó la reforma de la Constitución Nacional, en 1994.
La obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, ha sido establecida con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. Alcanza a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
No existe en la Argentina una tradición en materia de debates presidenciales. En 2015 hubo dos pero fueron el resultado de una iniciativa privada, llevada adelante por Argentina Debate, integrada por un grupo de organizaciones sociales y se realizaron en de la Facultad de Derecho de la UBA. Del primero, antes de la general de octubre, participaron todos los postulantes a presidente, a excepción del candidato del Frente para la Victoria. El segundo fue en noviembre, días antes del balotaje y fue protagonizado por Mauricio Macri y Daniel Scioli, que en esa ocasión aceptó concurrir. Con el paso del tiempo, reconoció como error su primera ausencia.
Según la ley que tornó obligatorios estos debates deben realizarse entre 7 y 20 días antes de la elección presidencial; esto es, entre el 13 y 20 de octubre. La Cámara Electoral Nacional ya visitó el lugar asignado para el primero de ellos, que debe hacerse en la capital de una provincia del interior del país; el que tiene que realizarse en la Capital Federal, aún no tiene espacio.
Otra decisión ya adoptada es que sea Argentina Debate la organización que participe en el armado de estos encuentros, que exigen un serie de acciones previas, como las reuniones entre representantes de los participantes para fijar la metodología y los temas a desarrollar. Precisamente, en la Acordada Extraordinaria de abril pasado, a través de la cual la Justicia Electoral pidió la habilitación de los fondos para llevar adelante todo el proceso electoral, advirtió que el debate presidencial corre riesgo si no hay dinero para avanzar en su organización.
La obligatoriedad, cuyo incumplimiento se sanciona con la pérdida de espacios de publicidad audiovisual, es rigurosa. La ley impone que el espacio físico asignado a un candidato ausente no debe ocuparse. El vacío debe quedar en evidencia ante el electorado que lo podrá seguir a través de los medios del sistema público de comunicación y de cualquier otro que quiera participar. De allí que el anticipo del kirchnerista Alberto Fernández, de no debatir con el actual presidente si va por su reelección, puede ser un gesto político con alto costo.
La intención que tienen los debates apunta a favorecer a la ciudadanía y no a los candidatos, lo que lleva a que la decisión de incumplir la ley debe tomarse desde esa perspectiva.
Salta, 06 de junio de 2019
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo