Por decreto, el Gobierno exige que Cristina cobre solo una de las dos pensiones que ella reclamaba

Cristina obtuvo en diciembre de 2010 una pensión no contributiva por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, apenas dos meses antes. Este beneficio es la Asignación Mensual Vitalicia para expresidentes y le correspondía por ser la viuda de un expresidente. En ese entonces, se le otorgó la Comisión de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía Alicia Kirchner.

Cinco años más tarde, cuando finalizó su segundo mandato, Cristina comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, esta vez por haber sido presidenta en dos períodos. De todos modos, el artículo 5 de la ley 24.018 dice que "la percepción de esta asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios”.

Al comprobar el cobro del doble ingreso, en 2016, el ministerio conducido por Carolina Stanley le exigió elegir una de las dos pensiones y suspendió uno de los pagos. Ese año, Cristina cobraba, como cónyuge y heredera del beneficio de Néstor Kirchner $143.539 brutos, y por su pensión personal, otros $188.538 por mes. En total, $332.077 sin los descuentos. Con las deducciones, eran, de bolsillo, $210.780 mensuales.

Ante esta medida, Cristina comenzó un millonario reclamo contra el Estado en el que exigía cobrar las dos pensiones, que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la Corte Suprema , a quienes no se les retiene impuestos).

Cristina presentó, en abril de 2017, un reclamo ante la Justicia. En la demanda de la causa "Fernández, Cristina Elisabet c/Ministerio de Desarrollo Social s/Nulidad de acto administrativo", la expresidenta argumentaba que la acción del Estado era resultado de una persecución "política, judicial y mediática" y que se trataba "un ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente desde el mismo Poder Ejecutivo". De todos modos, con este decreto el Gobierno ratificó su postura.

Fuente: La Nación