Juan Casabella Dávalos, defensor del sacerdote José Carlos Aguilera, se refirió por Aries a la resolución del juez de Garantías 5 donde ordena que la fiscal Luján Sodero Calvet, continúe al frente de la investigación por abuso sexual en contra del cura. La defensa había recusado a la funcionaria del Ministerio Público Fiscal por considerar que conoce a las presuntas víctimas y eso dañaría la imparcialidad de la investigación.
Judiciales 29/03/2019
Sebastián Cardozo
Casabella Dávalos sostuvo que el juez se pronunció a favor de la fiscal porque sostiene que es el propio funcionario judicial quien debe decidir si está afectado emotivamente o no con el caso pero los que pagan las consecuencias, son los ciudadanos.
“La garantía constitucional es el acceso a órganos objetivos, imparciales e independiente, cuando hay alguna situación que lo afecta, las partes pueden denunciarlas y así lo hicimos. Nuestra denuncia era fundada porque la familia del denunciante es conocida por la fiscal y además uno de ellos era empleado de la fiscalía durante varios años, eso quedo claro y aceptado pero se señaló que no había la entidad suficiente para que se vea afectada la investigación”, indicó.
El abogado manifestó que todavía queda tratar la prescripción de la acción penal y el pedido de libertad de su cliente. “Es muy probable que conteste la fiscal y se eleve a la cámara de acusación. Tiene un trámite inexorable, se corre vista y recién se eleva el expediente al tribunal que resuelve. Habría novedades a última hora o la semana entrante”, añadió.
El defensor consideró que “se debe hacer un juicio previo, lo que no puede hacer la justicia es anticipar la pena, ni los fiscales, es muy claro el artículo 18 de la Constitución pero hay gente que confunde el derecho sobre la no aplicación de una pena sin juicio previo”.
Por último, sobre los argumentos de la fiscalía para mantener la detención del sacerdote, el letrado dijo: “esto no existe porque recién se están realizando medidas cautelares y no hay indicios de que mi cliente se pueda fugar, mucho menos hay posibilidad que entorpezca un hecho que habría sucedido hace más de veinte años. Sin embargo, se está usando la detención como un anticipo de pena pero no hay pruebas”.
En una primera etapa, la oficina receptará los requerimientos efectuados por los organismos judiciales del fuero de personas y familia y, en los próximos meses, extenderá su atención a los de los restantes fueros.
La fundación había solicitado una medida cautelar por el "mal estado" de los animales y ante “los constantes reclamos por parte de la sociedad".
El hecho ocurrió en octubre de 2021. Jhujanny Rafael Barreto Falcón está acusado por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad, en concurso real con lesiones leves contra el joven de 21 años.
Se trata de la misma ventaja competitiva que mantiene Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, por la cual al no cumplir con la obligación del impuesto interno sus cigarrillos se venden al público a un precio más barato.
Se presentó también una Medida Cautelar, en procura no sólo del dinero que la Provincia desembolsó en enero en el marco de ese concepto, sino también de los fondos que corresponden a los meses siguientes.
Fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. Además, el sentenciado deberá abonar $100.000 a la Dirección de Vialidad de Salta.
En general, la iniciativa fue aprobada por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los diputados iniciaron la votación en particular.
Con 82 votos afirmativos, diputados aprobó la inocrporación del capítulo del tabaco a la Ley Bases.
Policía realizará el acompañamiento de los participantes a lo largo del circuito. Alrededor de 200 trabajadores municipales y varias áreas estarán presentes en la carrera que se realizará el próximo miércoles.
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Con 140 votos a favor —103 negativos y 6 abstenciones — el oficialismo consiguió la media sanción de la iniciativa en general. A continuación se debatió por títulos y la sesión finalizó luego de 30 horas de discusión
Para transitar con más tranquilidad y sin riesgo de que le secuestren los vehículos, productores de Los Toldos “solicitan a las autoridades que se amplíe el permiso a 180 días, y también el vecino exige un poco de reciprocidad”.