Iván LuisLa solicitud, impulsada por el represor condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, fue denegada por el juez Claudio Ricardo Silvestri, quien advirtió que conceder el traslado constituiría una "flexibilización de la ejecución de la pena" y recordó que el interno no ha demostrado colaboración ni disposición para mitigar el daño generado por sus actos.
El fallo judicial subraya que la garantía de la libertad religiosa se encuentra debidamente garantizada en la Unidad 34 de Campo de Mayo —sitio donde cumple su condena a prisión perpetua—, por lo que la negativa a su desplazamiento no vulnera ningún derecho de culto. Asimismo, la resolución se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de sanción efectiva de graves violaciones a los derechos humanos, cerrándole la puerta a una gestión que también contaba con la reticencia de la Conferencia Episcopal Argentina.
Paralelamente, agrupaciones pro-represores y defensores de acusados por delitos de lesa humanidad, como Cecilia Pando y la asociación Justicia y Concordia, intensificaron sus gestiones ante el nuncio apostólico Michael Wallace Banach para que la máxima autoridad de la Iglesia católica interceda por los detenidos. Este movimiento se da en un escenario de creciente tensión política y judicial, marcado en paralelo por recientes gestiones ante el Ministerio de Justicia y un protocolo del Cuerpo Médico Forense que analiza la situación de los escasos represores que aún permanecen en prisión.
(Con información de Página12)
