Mariana Frías
La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició de oficio una actuación a partir de publicaciones periodísticas que alertaban sobre un presunto brote de tuberculosis entre personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario de Salta.
La intervención tiene por objeto determinar la situación sanitaria de la población penitenciaria, verificar la existencia de casos de tuberculosis y reunir información sobre las condiciones en las que se encuentran las personas afectadas.
Mediante un decreto, la fiscal Geria dispuso una serie de medidas destinadas a obtener información directa de las autoridades penitenciarias y del personal sanitario, así como documentación que permita establecer el alcance de la situación denunciada.
En primer término, requirió a la Alcaidía General, tanto en su sección masculina como femenina, y a las unidades carcelarias 1 y 4, que presenten en un plazo de 24 horas un informe sobre la situación sanitaria actual de las personas alojadas en esos establecimientos.
Los organismos deberán precisar si durante el presente semestre se registraron internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis y si existen personas aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
La fiscal de Derechos Humanos también dispuso recibir declaración testimonial del encargado del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1, y a un profesional médico que presta servicios en el ámbito penitenciario. Ambas citaciones fueron fijadas para el viernes 16 de octubre.
En paralelo, solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI), cuyos integrantes deberán recabar información sobre las personas privadas de la libertad que se encuentren hospitalizadas por tuberculosis.
Esta medida comprende la identificación de los internos hospitalizados, la obtención de sus historias clínicas y la recopilación de datos que permitan citar a sus familiares, además de cualquier otra documentación que resulte pertinente para las actuaciones.
La fiscal Geria dispuso, asimismo, que durante el cumplimiento de las diligencias se adopten las medidas de prevención necesarias para resguardar la salud del personal interviniente y evitar la propagación de la enfermedad.
Las actuaciones se encuentran en una etapa inicial de recopilación y verificación de información. Los informes requeridos, las declaraciones testimoniales y la documentación médica permitirán establecer la situación sanitaria de los establecimientos alcanzados por las medidas fiscales, sin que hasta el momento el decreto permita confirmar la existencia o magnitud de un brote.
